El Gobierno nacional derogó la Resolución 308/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que reducía el pago en un 50 por ciento de las prestaciones para personas con discapacidad.  Sin embargo, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y asociaciones que prestan servicios a este colectivo para garantizar sus derechos aún pasan un delicado momento, informaron a AIM.

Ética de la solidaridad, ese es el principio del presidente de la República, Alberto Fernández. En su campaña prometió defender a los sectores más vulnerables, sin embargo el 13 de marzo se aplicó la Resolución 308/2020 de la SSS, donde se establecía que a los centros se les iba a recortar el pago en un 50 por ciento de las prestaciones, aunque brinden servicios por tele asistencia, de acuerdo a lo que se enmarca en la Resolución 282/2020.

Luego de intensas gestiones, se derogó este viernes la  Resolución 282/2020, ya que el Estado reconoce el trabajo que se viene haciendo para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

“Se trabaja a distancia,  con las personas con discapacidad y sus familiares, aplicando lo que se había proyectado y adaptando para llevarlo a los hogares”, destacó a esta Agencia la titular de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), Cristina Ripari, quien celebró la decisión del gobierno nacional de derogar la Resolución 282/2020, ya que ponía en jaque a  instituciones y ONG que garantizan los derechos a las personas con discapacidad.

Sin embargo, la docente contó que aún avanzar en garantizar los derechos del sector, ya que “desde 2019 hay atrasos en los pagos por parte de los agentes financiadores (salud y obras sociales) y  falta de actualización en los valores que fija el nomenclador”.