El Poder Ejecutivo busca que la Legislatura autorice la negociación directa para contrataciones por vía de excepción en zonas desfavorables, confirmó AIM. La iniciativa ingresó en la Cámara de Diputados y tomará estado parlamentario en la próxima sesión.

El proyecto de Ley, “busca resolver la problemática que se genera en determinadas zonas del territorio provincial, donde no resulta posible contar con proveedores que participen en los procesos licitatorios destinados a adquirir determinados bienes y servicios, dificultándose así la prestación de servicios esenciales por parte del Estado”, se enunció en los fundamentos.

En ese marco, se precisó que la modificación “se enmarca en la necesidad de garantizar la prestación de servicios esenciales por parte del Estado provincial en todo el territorio provincial”.

En ese sentido, se tomó como ejemplo lo que ocurre en el departamento Islas de Ibicuy “donde, desde hace ya mucho tiempo, se encuentran serios inconvenientes para adquirir la nafta y afines para el funcionamiento de las embarcaciones que trasladan a los niños que asisten a distintas escuelas ubicadas en zonas de islas. Ello en virtud de las singulares características que la provisión de este insumo posee en la zona. Dicha problemática se replica en las contrataciones de otros bienes y servicios en esa zona”. Al respecto, se detalló: “Se intentó licitar este tipo de bienes mediante procesos de licitación pública, habiendo resultado infructuosos los mismos”, por lo que mediante Decreto N° 251/23 MGJ “se declaró la emergencia en materia de transporte fluvial escolar en el Departamento Islas del Ibicuy, desde el inicio hasta la finalización del ciclo lectivo 2023, el cual fue prorrogado hasta la finalización del ciclo lectivo 2024, mediante Decreto N° 351/24 MGT”. Por las particularidades que representa la situación “resulta necesario incorporar a la Ley 5140 la causal de contratación directa por vía de excepción, de manera de permitir en zonas como éstas procedimientos ágiles y eficientes de contratación a fin de asegurar la oportuna adquisición de determinados bienes y servicios para poder garantizar la prestación de servicios esenciales, entre ellos, la educación”.