En medio de las señales de ajuste que promueve Massa, la senadora Di Tullio presentó una iniciativa en la que se prevé una prestación equivalente a la canasta básica alimentaria, se actualizará cada 3 meses, será de carácter temporal y estima un costo fiscal de 0,44 por ciento para 2023.

La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana di Tullio, presentó un proyecto de ley de refuerzo de ingresos para reducir la indigencia "garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad". El proyecto también lleva la firma del senador José Mayans, presidente del interbloque del Frente de Todos.

Mientras Sergio Massa afina el lápiz para ajustar las cuentas fiscales y promete controlar la emisión, el kirchnerismo avanza con una iniciativa que ya ha dado que hablar dentro de la coalición gobernante y por la que el dirigente del Polo Obrero, Juan Grabois, casi abandona el espacio.

La propuesta de Di Tullio crea una asignación destinada a alcanzar la canasta básica alimentaria, que el Indec estimó en $15.057 en el mes de junio. El objetivo de la misma es para reducir la indigencia “garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”, que prevé un costo fiscal del 0,09 por ciento del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 por ciento para el 2023. El proyecto también lleva la firma del jefe del interbloque FdT, el formoseño José Mayans.

En sus fundamentos, la iniciativa justifica el refuerzo monetario en la necesidad de “garantizar el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”.

La autora de la iniciativa prevé que los beneficiarios serán un universo de 1,7 millón de adultos que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, ya sea jubilación o plan social y no cuentan con ningún bien.

Podrán inscribirse las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64. Así se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen cubierta la canasta básica alimentaria.

El beneficio será de carácter temporal y se otorgará por un año con la posibilidad de renovación en cuanto se pueda verificar que las condiciones de vida de la persona siguen siendo las mismas. En este sentido, el proyecto promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica. Así se apuesta a que la situación de vulnerabilidad se revierta y deje de ser necesario el ingreso

Además, los beneficiarios deberán someterse, de manera anual, a controles de salud a modo de contraprestación.

El texto establece a la Anses como la autoridad de aplicación, la que deberá crear el Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi), organismo que tendrá a su cargo la inscripción. El organismo de la seguridad social tendrá también la responsabilidad de realizar el cruzamiento de datos para definir la cesión del refuerzo.