En un plenario de comisiones de Diputados, empezó a discutirse la normativa para proteger los humedales; buscan que haya un equilibrio entre la producción agrícola y la sostenibilidad; el fuego en el Delta del Paraná desencadenó la iniciativa

Con miras a ampliar los consensos -y dividir las posiciones en Juntos por el Cambio-, el oficialismo en la Cámara de Diputados resolvió pasar a un cuarto intermedio en el plenario de comisiones que debaten los proyectos de ley de humedales hasta el jueves de la próxima semana. La meta es conseguir un dictamen unificado que asegure la protección y el uso racional de los humedales en medio de los incendios que azotan a la Argentina en varios puntos del país.

Con diez proyectos diferentes para trabajar, los diputados se reunieron en un plenario de comisiones para discutir los diferentes abordajes y así legislar sobre uno de los ecosistemas naturales más extensos de la Argentina. La definición de humedal y el equilibrio entre la producción y la sostenibilidad fueron los ejes de un debate que contó, además, con la presencia de intendentes y jefes comunales integrantes del Foro de la ribera del Delta del Paraná. Si bien el objetivo era llegar a un dictamen, se decidió pasar a un cuarto intermedio para consensuar posturas y terminar de definir detalles el jueves próximo.

El debate se realizó en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los diputados Leonardo Grosso (Frente de Todos), Ricardo Buryaile (UCR) y Carlos Heller (Frente de Todos), respectivamente.

Leonardo Grosso, anunció la decisión de los diputados de pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10 para la firma del dictamen de mayoría "sin la presencia de invitados", como había reclamado la oposición.

Grosso precisó que para "poder construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible" los legisladores y legisladoras "hemos acordado que los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o sugerencias a los proyectos que estamos discutiendo". Incorporarían cambios a partir de las propuestas del radicalismo con el fin de sumar sus votos.

Al abrir el debate, Grosso, firmante junto con organizaciones del proyecto que reúne más consensos, destacó la importancia de avanzar en la ley al sostener que "el 56 por ciento de los humedales de América Latina esta destruido" y dijo que "los representantes del pueblo debemos asumir la responsabilidad que tenemos".

En tanto, Buryaile consideró "una irresponsabilidad legislativa tratar esto a libro cerrado y a tontas y a locas" y dijo que "los representantes del pueblo tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo", al señalar que "las leyes se tratan, no se despachan" y cuestionar el apuro del oficialismo en avanzar con el dictamen.

Los proyectos proponen diferentes definiciones de humedal, que servirán como base para que la autoridad de aplicación nacional, en conjunto con las provincias y la ciudad de Buenos Aires, generen un inventario federal, en el que cada jurisdicción precisará la ubicación y características de estos espacios naturales. Con este insumo, se incorporarán los humedales en el ordenamiento ambiental del territorio.

La principal diferencia y la clave de la discusión en el plenario se dio en función de lograr un equilibrio entre producción y sostenibilidad. En este sentido, la definición de humedal es considerada la base fundamental que determinaría cuál es la porción del territorio considerada así, que redundaría en un mayor control de las actividades que se realizan en esa zona.

Según la diputada de JxC, Ximena García, autora de uno de los proyectos impulsados por la oposición, la iniciativa impulsada por ese espacio "es equilibrada y contempla la visión productiva y ambiental. Queremos que el inventario sea coordinado por una autoridad nacional en conjunto con las provincias".

En el marco del debate, el socialista Enrique Estévez señaló que en la ley "tiene que haber un solo inventario" sobre los humedales a proteger y destacó la necesidad de que ese inventario "sirva como insumo y sea elaborado con la participación de la gente para garantizar la responsabilidad de los funcionarios".

“El punto sobre el que tenemos que pensar la ley es sobre el desastre ambiental y no la producción sostenible. Lo que tenemos que enseñarles a quienes trabajan y viven sobre los humedales es la conciencia ecológica”, indicó Graciela Camaño, autora de otra de las iniciativas e integrante del Interbloque Federal.

Con un discurso encendido, la diputada remarcó la desertificación que está sufriendo la Argentina: “El 72% del territorio está desertificado. ¿Qué consecuencias trae? Hay un 30% de los argentinos que sufren el proceso de desertificación, que tienen que migrar, que sufren la pobreza y afecta su calidad de vida. Sabemos las causas: sobrepastoreo, incendio, introducción de flora y fauna exótica, uso del petróleo, aumento de la explotación ovina y uso inadecuado del suelo y del agua”.

Además, remarcó que “nadie discute el dominio de las provincias”. Sin embargo, enfatizó que en el artículo 41 de la Constitución Nacional también se habla de un “ambiente sano”. Y argumentó: “Esta es la garantía que le tenemos que dar a los habitantes de nuestro país. Es uno de los pocos artículos que de manera taxativa nos habla de ‘no comprometer las generaciones futuras’”.

La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado, en 2013 y 2016, pero que nunca pudo ser aprobada por la Cámara de Diputados. El año pasado, un proyecto unificado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados un año antes, perdió estado parlamentario.