El Partido Justicialista (PJ), junto a los bloques de senadores y diputados provinciales y la Liga de Intendentes, expresan “su preocupación por el proyecto de reforma del sistema previsional” que el Poder Ejecutivo remitió formalmente a la Legislatura.
El PJ de Entre Ríos, legisladores provinciales y la Liga de Intendentes, salió al cruce de la reforma previsional que el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, remitió a al parlamento provincial. Advirtieron que el texto implica "un ajuste concreto sobre los actuales y futuros jubilados, trabajadores activos y municipios entrerrianos".
A través de un comunicado conjunto, el justicialismo cuestionó los pilares centrales del proyecto y anticipó que dará "todo el debate que sea necesario" en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, adonde deberá ser girado por el pleno de la Cámara.
En ese sentido, apuntó contra uno de los aspectos que consideró más sensibles: la suerte del 82 por ciento móvil. "Con esta reforma, el 82 por ciento móvil deja de ser una garantía real", sostuvieron. La modificación de las condiciones de cálculo y la extensión de los períodos considerados derivarán en "una reducción del haber inicial y de su evolución en el tiempo". Para el peronismo, el diagnóstico oficial partió de una premisa errónea: "El proyecto consolida una interpretación equivocada del sistema: pretende hacer creer que el problema son los haberes, cuando en realidad el deterioro proviene de salarios activos deprimidos."
Entre Ríos necesita un sistema previsional sustentable. Pero sustentable para los trabajadores, no a costa de ellos
Documento delPJ.
Otro punto de conflicto fue la fijación de la edad jubilatoria en 68 años para los nuevos afiliados, "la más alta del sistema público argentino", "sin ningún estudio previo sobre expectativa de vida activa o empleabilidad en edades avanzadas dentro del sector público provincial". El bloque opositor marcó además una inequidad de género: la unificación de la edad de retiro "ignora las brechas de género preexistentes y las tareas de cuidado no remuneradas que históricamente asumen las mujeres". Mientras los varones enfrentaron un aumento de cinco años en la edad de retiro, las trabajadoras verán incrementada la suya hasta en ocho, lo que la oposición calificó de "carga desproporcionada".
En cuanto al impacto sobre los gobiernos locales, la alianza señaló que el aumento de contribuciones patronales y la posibilidad de modificaciones discrecionales implica "más presión financiera sobre los gobiernos locales, comprometiendo su funcionamiento y la prestación de servicios esenciales".
La crítica más contundente apuntó a la arquitectura institucional del proyecto. Para el peronismo, la delegación de facultades al poder Ejecutivo "vacía de contenido a la ley y debilita el rol de la Legislatura", al habilitarlo a modificar aportes, contribuciones y condiciones "sin límites claros, incluso por fuera del debate legislativo". "La llamada 'emergencia' se utiliza como excusa para avanzar con cambios permanentes y habilitar decisiones por decreto, lo que constituye un grave antecedente institucional", remarcaron.
En ese marco, anunció que convocará a representantes de activos y pasivos y a los gobiernos municipales para participar del debate parlamentario, y se comprometió a "defender el 82 por ciento móvil real y efectivo" y a rechazar "cualquier ajuste sobre jubilados y trabajadores activos". El documento cerró con una definición política: "Entre Ríos necesita un sistema previsional sustentable. Pero sustentable para los trabajadores, no a costa de ellos".