La Cámara Alta está convocada a sesionar el martes, miércoles y jueves. El cuerpo podría tratar pliegos para funcionarios que tienen despacho de comisión y el proyecto para reformar la Ley de obras públicas, para frenar embargos de empresas al Estado. La agenda se resolverá este martes en Labor Parlamentaria, confirmaron a AIM.

La décima sesión ordinaria del 145 Período Legislativo fue llamada para el martes y miércoles a las 19 y el jueves, a las 11. En el cuerpo hay varios proyectos para abordar, pero lo que más suena son los acuerdos que deberá prestar para funcionarios promovidos por el Poder Ejecutivo.

Cabe recordar que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado firmó el dictamen para prestar el acuerdo al nombramiento del Contador General de la Provincia de Entre Ríos, Andrés Rodrigo Zabala, y para la Tesorería General de la Provincia a Ingrid Anabel Corona.

Sin embargo, hay un manto de dudas sobre los pasos del cuerpo en cuanto a designaciones en el Consejo General de Educación (CGE), por lo que los integrantes de la comisión decidieron continuar con el análisis de los pliegos de la Directora General de Escuelas de Entre Ríos, Alicia María Fregonese; y de Vocales del Consejo General de Educación, Carla Soledad Duré, Santiago Sergio Adolfo Laumann, y Elsa Chapuis.

También, está pendiente el despacho para el cargo de Vocal de la Sala N°2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Carlos Federico Tepsich.

Reformas a la Ley de obra pública
Por otro lado, las comisiones de Legislación General y de Obras Públicas de la Cámara de Senadores se reunirán el martes, a las 11, para analizar reformas en la Ley de Obras Públicas y el Código Contencioso Administrativo, impulsado por el Poder Ejecutivo.

Los legisladores deberán evaluar la iniciativa del Ejecutivo por la que el gobierno busca modificaciones legislativas con el objetivo de llevar los litigios con empresas al fuero Contencioso Administrativo.

El proyecto surgió “ya que el actual andamiaje legal de la provincia otorga a los contratistas de obra pública un modo insólitamente expeditivo para el cobro judicial de los certificados de deuda: el proceso monitorio o el juicio ejecutivo en sede Civil y Comercial, como si se tratara del cobro de deudas entre particulares”, medidas que “restringen significativamente las defensas que puede articular el Estado provincial, con el agravante de que el accionante, obtiene el rápido embargo de las cuentas de la provincia, lo que ocasiona graves efectos e incertidumbre en las cuentas públicas, por cuanto distorsiona las proyecciones presupuestarias y la programación de su ejecución”.

En ese marco, se argumentó que los certificados de obra pública, que documentan obligaciones emergentes de un contrato administrativo como lo es el contrato de obra pública, “deben ser analizados a la luz de los principios y normas del derecho público local, en el cual se insertan este tipo de contrataciones”, por lo que el proyecto “prevé dejar expresamente aclarado, en el art. 52° de la Ley de Obras Públicas que los certificados de obra carecerán del carácter de título ejecutivo y su cobro judicial deberá demandarse mediante el proceso Contencioso Administrativo, una vez agotada la vía administrativa”.