La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunirá este martes para avanzar en el proyecto de ley del oficialismo que prevé la reforma al Código Penal de la nación, supo AIM. La iniciativa ingresó formalmente en marzo de este año y prevé acciones en contra de la corrupción, y se prevén sanciones para funcionarios.
En medio de la derrota, el Senado quiere avanzar en la Reforma del Código Penal
El proyecto, al que tuvo acceso AIM, introduce como nuevas causales de interrupción de la prescripción de la acción penal la declaración de rebeldía del imputado y la solicitud de extradición. En cuanto al decomiso, se moderniza ese instituto, proponiendo que abarque todas las cosas o bienes que hayan servido de instrumento o medio en la comisión del hecho y de los que constituyan el producto, provecho o la ganancia, directos o indirectos del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubiere podido experimentar tanto para personas físicas como jurídicas.
El texto prevé un aumento sustancial de las escalas penales respecto de los delitos de corrupción, en especial los de cohecho, soborno transnacional, enriquecimiento ilícito, con escalas penales que van de cuatro a 12 años de prisión (en la actualidad es de uno a seis años, y dos a seis para enriquecimiento ilícito).
Se contemplan nuevas agravantes para los delitos de cohecho pasivo y activo y soborno trasnacional: Cuando el funcionario involucrado ocupe el cargo de presidente de la nación, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministro o secretario de Estado; gobernador o vicegobernador provincial; jefe de Gobierno o vicejefe de Caba; intendente municipal; magistrado nacional o provincial; legislador nacional, provincial, o municipal, con una escala penal de cinco a 15 años de prisión.
En la actualidad solo se agrava cuando el funcionario sea un magistrado del Poder Judicial de la nación o del ministerio Público, y la escala penal es de cuatro a 12 años de prisión.
Por otra parte el delito de soborno entre privados, con posibilidad de que las personas jurídicas puedan responder por este delito.
El proyecto amplía el sujeto activo del delito de enriquecimiento ilícito (actualmente es solo para funcionarios públicos) a todos aquellos sujetos obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales, como son por ejemplo los titulares de obras sociales.