El gobierno de Entre Ríos recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn) para reclamar fondos previsionales y de energía, que adeuda el Estado nacional con la provincia, confirmó a AIM. La judicialización del reclamo sería el prólogo de otras demandas que se realizarían a Nación por obras públicas y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

El gobernador Rogelio Frigerio anunció por redes sociales que tomó la decisión de judicializar el reclamo por los fondos previsionales (154.000 millones de pesos por la compensación de la Caja de Jubilaciones) que se adeudan a Entre Ríos y los pagos de regalías y excedentes de Salto Grande. En ese marco se brindó una conferencia de prensa que encabezó el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, acompañado por el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat; el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño; y la secretaria de Energía, Noelia Zapata.

Las presentaciones por los fondos previsionales y energía ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se concretaron tras la dilación del reclamo administrativo, contó a esta Agencia el fiscal, quien detalló que “dentro del reclamo legal está la posibilidad de judicializarlo”.

Al respecto, precisó que las demandas más importantes son las que tienen una previsión normativa y no tienen margen de error: “La que mayor importancia institucional tiene es la derivada de la coparticipación nacional, regulada en acuerdos entre Nación y las provincias”. Asimismo, comentó que “hay un segundo grupo de derechos, para nada menor, compuestos por otros fondos como el financiamiento de obras públicas nacionales, el Fonid y otros ítems muy complejos y extensos que se ordenarán y sistematizarán para realizar un seguimiento y los reclamos correspondientes”.

Ante ese escenario, se priorizó “lo derivado del incumplimiento de los Pactos Fiscales de 2017 Anses, que es un tema de altísima importancia institucional, política y económica para Entre Ríos”, dijo el abogado, quien recordó que el Pacato Fiscal delegó el 15 por ciento de la coparticipación de las provincias a la Nación Argentina para financiar la Anses y el gobierno nacional debía cubrir los déficits de las Cajas Previsionales no transferidas. El compromiso “la provincia la cumplió a rajatabla hasta el 2017, cuando la provincia recuperó el porcentaje y Nación se comprometió a aportar el déficit de la Caja de Entre Ríos”, acuerdo que se comenzó a cumplir parcialmente, porque nunca se terminaban de liquidar las acreencias que tiene Entre Ríos respecto de Nación para el financiamiento. A la deuda existente, se suma que desde enero de 2024 Nación no envía recursos, por lo que el gobernador Frigerio “presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una medida cautelar, por la que se pretende el cobro estimado de 150.000 millones de pesos”, informó Rodriguez Signes, quien destacó que a, su vez, Entre Ríos es la primera provincia que presenta una cautelar, que pretende la no aplicabilidad del DNU 280.

Energía
Por otro lado, “está el tema de energía, los excedentes de Salto Grande”, explicó el fiscal, quien precisó: “Donde el Esquema es el que la Nación Argentina le vende parte de su energía al sistema interconectado nacional y parte de esa energía vuelve a Entre Ríos con un precio más alto que el precio de venta, por lo que se genera una situación de injusticia y, además, está el tema que la provincia es acreedora de excedentes de fondos de 210 millones de pesos, habría que actualizarla con intereses”.

Al respecto, comentó que los fondos “no se envían desde el último semestre del 2023, por lo que se realizó un reclamo administrativo y frente a la mora del Estado nacional corresponde la judicialización del reclamo”. También, indicó que “hay regalías, que es un canon que se paga por la Ley de energía del 12 por ciento a las provincias que son deudas del recurso (del río Paraná)”.

En ese sentido, debido a que Entre Ríos es titular del recurso y la provincia sufrió daños y la tarifa eléctrica es la misma que el resto de las jurisdicciones, por lo que se planteó a la Corte Suprema, por instrucción del gobernador, para que se haga un planteo de inconstitucionalidad de la Resolución por el precio de la energía que vende Salto Grande.

Otros temas a judicializar
En materia de obra pública, Rodríguez Signes comentó “el Estado nacional suspendió el envío de fondos, por lo que nosotros revisamos caso por caso si esa suspensión de envíos está basada en algún contrato o Ley que le permite al Ejecutivo interrumpir o es, simplemente, una interrupción por una voluntad. En todo caso, también, se realizará un reclamo judicial”, adelantó.

Por otro lado hay reclamos que están avanzados en la parte administrativa como el del Fnid, que son 21.000 millones de pesos. “Dejamos de percibir el Fonid pero los docentes piden que se siga pagando, porque dicen que forma parte de su remuneración. Estamos en una situación compleja, porque si bien caducó la Ley que lo prorrogaba está en la Ley de Presupuesto 2023 reconducida para el 2024, por lo que con ese argumento se analiza el reclamo y después se evaluará si se judicializará”, ahondó.

No tensaría la relación con nación
El secretario de Justicia consideró que las presentaciones ante la Csjn no generarían malestar entre la provincia y Nación, ya que “quedó claro el origen de la deuda y el marco constitucional e infraconstitucional en el que se hace el planteo, con lo cual no hay margen de maniobra para interpretarlo de otro modo”

En ese contexto, anticipó que el reclamo “va a fortalecer el vínculo Nación-Provincia, que son dos actores fundamentales en el sistema legítimo”.