La detención de Socorristas en Red y de una médica en Córdoba expone “una embestida de sectores antiderechos, quienes intentan obstaculizar la autonomía en general y la libertad de elegir de las mujeres en particular”, afirmó a AIM Eugenia Francisca Ferrario, integrante de la organización.
El pasado miércoles el Ministerio Público Fiscal de Villa María (Córdoba) “ordenó cinco allanamientos simultáneos en los que detuvo a dos Socorristas y una médica y, libró, además, una orden de captura para dos compañeras”, contó a esta Agencia Ferrario, quien celebró que gracias a la movilización social y al accionar de los abogados se liberó hoy a la médica y se liberaría a las Socorristas detenidas, quienes estaban retenidas ilegalmente ya que los delitos que se le imputan son excarcelables, no hay peligro de fuga y se violó el debido proceso.
Al respecto, la docente contó que la causa por presunto ejercicio ilegal de la medicina “fue armada, ya que busca criminalizar no solo a quienes acompañamos abortos sino, también, a quienes deciden abortar”.
“Esto está vinculado a una embestida de sectores anti-derechos no solo en el Sur, en esta región (no solo pasa en el norte de Córdoba) sino que hay que observarlo de forma global y un ejemplo es lo que ocurrió en Estados Unidos, donde la Corte Suprema revocó su propia e histórica sentencia de 1973 conocida como Roe vs. Wade, que era el precedente legal que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal”, indicó la militante feminista.
En ese sentido, apuntó que “hay algo sobre la lucha de las personas por su autonomía y de las mujeres por su capacidad de gestar en particular que exceden los territorios, es decir, hay es una ofensiva de sectores reaccionarios, pero tenemos mucha fuerza para estar organizadas”. Lo que pasó en Córdoba “generó enojo y rabia y demostró que estamos más unidas para defender nuestros derechos”.
Defensa y aplicación de la IVE
Para Ferrario hay que “darle vida” a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y las Socorristas hacen ese trabajo brindando información: “No somos médicas ni queremos serlo, no hacemos ejercicio ilegal de la medicina porque la medicina dista mucho de lo que hacemos que es solo acompañar abortos de forma feminista y amorosamente; nosotras le damos vida a la Ley ante la ausencia de los gobiernos”.
En ese marco, la activista remarcó que es el Estado nacional “debe ejercer como política la plena implementación de la Ley 27.610, que abandonó el paradigma criminal y reconoció el derecho de las mujeres, de otras personas gestantes, de niñas y adolescentes a interrumpir sus embarazos”, y precisó que los Estados provinciales “tienen que hacer que la norma no sea letra muerta, sino que la tiene que hacer que viva”.