Tras numerosos pedidos por parte de las bancadas de la oposición, este martes, desde las 14, habrá sesión especial en el Senado para tratar los proyectos de ley sobre actualización presupuestaria en universidades y la declaración de la emergencia educativa, los cuales llegan al recinto sin despacho de comisión, constató AIM.

Según pudo saber AIM, el pedido formal había sido elevado por el bloque radical y tiene un temario con proyectos impulsados por la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de la salteña Pamela Calletti (jefa de bloque de Innovación Federal).

En las primeras horas de este lunes, desde el bloque de Unión por la Patria confirmaron que darán quórum “coherentes con la posición que venimos sosteniendo hace meses”. Del mismo modo, anticiparon que pedirán incluir el debate sobre los proyectos que buscan reestablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

A última hora del viernes, el bloque radical había elevado la convocatoria formal con la firma de sus 34 integrantes en respuesta al comunicado del Ministerio de Capital Humano que informaba que “el financiamiento de las universidades públicas está garantizado”.

En el mencionado comunicado difundido, se indica que, como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR, “el Gobierno nacional ratifica su decisión de garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales del país”.

Además, agregaron que “se estableció un incremento del 70 por ciento en las partidas, retroactivo al mes de marzo, y se asignó un aumento equivalente correspondiente al mes de mayo, alcanzando así un aumento total del 140 por ciento respecto de la asignación inicial del año 2024. De esta forma, la asignación mensual que en enero ascendía a 5.926.971.777 pesos se incrementa a 14.224.732.213 pesos”.

Para el bloque radical, esto no soluciona el problema, pues el reciente aumento de un 270 por ciento sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias.

En tal sentido, los diputados del radicalismo exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Otros proyectos

Fueron ratificados en el temario de la sesión la declaración de emergencia presupuestaria de las obras sociales de los docentes, impulsado por Romina Del Plá (FIT); una actualización presupuestaria de Mónica Litza (UP); y un proyecto sobre un nuevo Régimen de Financiamiento Educativo de la radical Danya Tavela.

También, figuran un texto sobre promoción de la economía del conocimiento, de Pablo Carro (UP); las declaraciones de la emergencia presupuestaria de Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP); la propuesta de una tarifa diferencial de gas y electricidad en las universidades de Martín Soria (UP); y un proyecto de Régimen de Protección al Financiamiento Educativo Nacional de la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.

Procedimiento legislativo

Ahora bien, según lo indica el artículo 113 del inciso 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, para que sean aprobados los proyectos que arriban al recinto sin despacho de comisión requieren del voto afirmativo de los dos tercios de los presentes en la sesión. En otras palabras, si asistieran este martes los 257 legisladores, se necesitarán 170 voluntades a favor.

Tal cual informó este medio, ese número solo se podría alcanzar si la totalidad de la oposición más dura y los bloques dialoguistas (Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, los dos de Santa Cruz y el neuquino Osvaldo Llancafilo sumados a los mencionados anteriormente), acompañaran con su voto afirmativo. De todos modos, el número es proporcional a los legisladores presentes en el recinto.