Si bien el debate del proyecto de ley de financiamiento político estaba previsto para este martes, los senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales decidieron pasar el debate para la semana próxima, con el objetivo de consensuar el texto antes de emitir dictamen. Desde el año pasado, son numerosas las veces que la propuesta queda en stand by. Ahora, de cara a un periodo electoral, son más las dudas que las certezas acerca del futuro de la iniciativa.

El proyecto de ley de financiamiento político estaba en agenda para su tratamiento durante el periodo legislativo anterior. Luego, sin éxito ni consenso por parte de los bloques parlamentarios, se sugirió su inclusión en extraordinarias. Nada de eso sucedió. Este martes, se había acordado su debate en Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado pero volvió a suspenderse el encuentro para la semana próxima, según pudo saber AIM.

La decisión sería una decisión del oficialismo y oposición, quienes resolvieron posponer el tratamiento del dictamen en el recinto para terminar de pulir la redacción y definir la suerte de algunos cambios sugeridos tanto por senadores como por diputados.

El dictamen del proyecto fue firmado en noviembre pasado en un plenario con Justicia y Presupuesto, pero posteriormente se propusieron cambios que serán evaluados antes de la votación en el recinto.

En el Senado, los jefes de bloque coincidieron en la necesidad de que la Cámara baja vote el texto sin modificaciones, para evitar que el proyecto vuelva en segunda revisión. Por eso, en los próximos días aceitarán el diálogo con los diputados.

Qué dice el texto

El texto establece un modelo mixto, por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para sus campañas electorales.

Así, se habilitan los aportes de personas físicas y jurídicas, con un tope del cinco por ciento de los gastos permitidos para esa campaña; y además se obliga a entregar el dinero mediante transferencia bancaria, una medida tendiente a la transparencia.

El peronismo proponía que los sindicatos también pudieran aportar, pero Cambiemos se impuso y se mantendrá la prohibición que rige actualmente. Tampoco podrán hacer aportes las empresas concesionarias o contratistas de nación o provincias; las empresas de juegos de azar o extranjeras sin domicilio o residencia en el país, entre otros casos.