La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados se reunirá este jueves para tratar, entre otros temas, el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacios de fitosanitarios, informaron a AIM fuentes parlamentarias. La iniciativa ingresó en abril de este año y aguarda tratamiento en el Parlamento.
La reunión de Comisión de Industria será este martes a partir de las 12, cuando se darán cita los diputados para poner en el tapete el proyecto de ley, autoría de los legisladores Pablo Torello (PRO-Buenos Aires, José Ignacio De Mendiguren (Federal Unidos por una Nueva Argentina-Buenos Aires), Alicia Fregonese (Entre Ríos-PRO), Atilio Benedetti (PRO-Entre Ríos), y Luís Basterra (FPV-Formosa).
Como se puede observar la iniciativa tiene el apoyo de los bloques con más peso dentro de la Cámara, lo que hace pensar que su tratamiento sería fluído.
Qué dice el texto
El proyecto de ley al que tuvo acceso AIM también tiene giro a las comisiones de Recursos Naturales y Agricultura.
El texto busca retomar un debate que quedó pendiente desde que la Cámara de Diputados sancionó definitivamente en septiembre de 2016 la ley 27.279, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. Fue una ley que llevó años de trabajo, participación y debates entre Legisladores de diferentes bloques políticos, el Poder Ejecutivo, entidades técnicas, cámaras industriales y representantes del sector agropecuario.
En términos globales, lo que se busca es modificar las multas establecidas en el artículo 25 de la ley, pretendiendo que sean más razonables con respecto al hecho a sancionar y coherentes con las multas establecidas en otras leyes ambientales. Para ello, se modifica el mínimo y máximo de las multas, de modo de poder adaptar esta sanción a las diferentes realidades de la cadena productiva y no cometer un exceso.
Tal como está redactada la ley, la multa más baja a aplicar es de aproximadamente un millón y medio de pesos, lo que a simple vista resulta desmesurado y de improbable aplicación para muchos de las situaciones previstas en la ley. Modificar el mínimo a un monto bajo permitiría a las autoridades competentes tener un margen mayor para aplicarlas y complementarlas con el resto de las sanciones.
Con el objetivo de asegurar que en las situaciones más graves se aplique una multa acorde, se propone una escala diferenciada para los artículos 8°, 9 ° y 23, con una multa que va desde los 150 a los 5.000 sueldos, pudiendo llegar de este modo a superar los veinte millones de pesos.
Por otra parte, y con un criterio similar al de las multas, se propone disminuir el mínimo de la cantidad de días de las suspensiones a cinco. El objetivo es que la autoridad competente tenga suficiente margen para aplicar la suspensión sin cometer excesos.