El procurador general de Entre Ríos, Jorge García, realizó un aporte a la propuesta de la diputada Carola Laner, que busca modificar artículos del Código Procesal Penal para introducir el criterio de “reiterancia” como base para disponer la prisión preventiva. Durante su intervención, García advirtió que “no se puede responder a la conflictividad social con la vieja idea” de más cárceles, instando a los legisladores a “agudizar el ingenio” para abordar problemas más complejos de la sociedad.

En la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, García desglosó los inconvenientes que presenta el proyecto de Laner. En su análisis, señaló que las cárceles de la provincia están en una situación de colapso y que aumentar la población carcelaria podría incrementar el riesgo de motines. Además, advirtió que las personas que sean absueltas tras un proceso penal podrían reclamar al Estado por el tiempo de detención, lo que podría generar un costo adicional para el sistema judicial.

El procurador también señaló el término “puerta giratoria” utilizado por Laner para describir el funcionamiento del Poder Judicial en materia penal, argumentando que las cárceles ya están atiborradas de personas. García subrayó la importancia de que cualquier modificación parcial a los Códigos no afecte la coherencia interna de sus articulados y advirtió que la intervención del juez en el proceso no se da desde el inicio, sino a pedido de la defensa.

En su intervención, también expresó su preocupación por el rol de la defensa de los acusados, sugiriendo que la interpretación actual del proyecto podría dar pie a cuestionamientos de inconstitucionalidad en caso de ser sancionado. Asimismo, criticó la definición de “reiterancia” propuesta en el proyecto, argumentando que el concepto de concurso real de delitos ya está suficientemente discutido y no requiere una nueva definición.

Finalmente, solicitó un análisis más profundo del contexto social que origina conductas delictivas, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. García enfatizó que la ley no resolverá la conflictividad social, sugiriendo que se deben explorar también métodos sustitutivos a la prisión preventiva para enfrentar la problemática de manera integral.

La discusión sobre esta propuesta legislativa continúa, con la expectativa de encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

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