El Estado “debe trabajar fuertemente para erradicar la violencia de género y no trasladar la responsabilidad de las consecuencias a las obras sociales provinciales, porque corre el eje del debate”, afirmó a AIM la referente social Alejandra Gervasoni.

Para Gervasoni, en la sanción del proyecto de Ley que incorporará al Programa Médico Obligatorio (PMO) a las obras sociales y mutuales provinciales, la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas derivadas de la asistencia a víctimas de violencia de género, el Estado “deslinda nuevamente responsabilidades que le son propias, cuando en realidad, lo que debería hacer es asistir a las obras sociales que no dan abasto con el magro presupuesto que reciben para dar cobertura a infinidad de prestaciones”. “Lo que se tiene que hacer es buscar una solución de fondo que permita erradicar la violencia de género y no trasladar responsabilidades”.

La militante social insistió en que “el Estado transfiera a las obras sociales provinciales lo que les corresponde, y deje de sancionar Leyes en las que les endilga la responsabilidad y corre el debate. Se trata de un paliativo, ya que cargará sobre las obras sociales la cobertura de algo que debería ser atendido integralmente por el Estado y sus funcionarios”.

Gervasoni imaginó el escenario descrito afectando al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y destacó que, al igual que con otras iniciativas, “nunca se piensa de dónde se sacan los fondos cuando se sancionan las leyes especiales de cobertura del 100 por ciento, y menos se evalúa qué se hace con el resto de afiliados que también tienen derechos para que se mantengan los servicios”.


Políticas de Estado
En ese marco, apuntó a esta Agencia que “hacen falta políticas de Estado reales, no cortinas de humo, porque el Estado demuestra una vez más que sus funcionarios se lavan las manos y nunca asumen los verdaderos compromisos que tienen con la ciudadanía. En este caso, si se aprueba la Ley, no sólo trasladará costos y desligará de responsabilidad al gobierno sino que, también, incorporará ‘asesoramiento legal’ a la cobertura de salud, que nada tiene que ver”.

En ese sentido, Gervasoni aseguró que “lo que hay que discutir es el Presupuesto con perspectiva de género tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias porque trasladar los costos a las obras sociales sin decir de dónde saldrá el financiamiento es endilgar un problema a un sistema de salud saturado y al borde de la quiebra en todo el país”.
De la Redacción de AIM.