Horas después de que el Senado rechazara de manera definitiva el decreto que impulsaba el cierre del Inta, Inase e INV —y que ya había sido frenado por la Justicia—, el Gobierno nacional avanzó con una resolución que dejó a disposición a 367 empleados de estos tres organismos.

La medida recae sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Además, la resolución limita “toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal” de dichas instituciones.

La jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, ya había ordenado una cautelar para impedir la aplicación del decreto 462/2025 por seis meses, al advertir sobre “perjuicios irreparables” que podrían producirse.

El contexto político suma tensión: el Senado rechazó no solo este decreto, sino también otros que disponían modificaciones y cierres en organismos como el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante, el Instituto Nacional del Teatro, Vialidad Nacional, la Agencia de Seguridad Vial y la Cnrt.

La votación sobre el DNU 462/2025 —que incluía también al Inti, Inpi y Ariccame— fue contundente: 59 senadores votaron por el rechazo, 10 en contra y hubo dos abstenciones. El arco opositor, con apoyo de radicales, provincialistas y gran parte del PRO, se unió contra la iniciativa de Casa Rosada, mientras que el oficialismo solo logró respaldo de su bloque y de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO).

El Ejecutivo, sin embargo, insistió con medidas administrativas y dispuso los cambios en el personal de los organismos afectados, profundizando así la pulseada con el Congreso y la Justicia.