La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Acag) confirmó la caravana para este 25 de abril “en defensa del agua, el aire y la tierra, es decir, por la vida”, indicó a AIM Javier Pretto, integrante de la organización. La jornada repudia la planta de pasta de celulosa UPM I, la instalación de otra pastera sobre el río Negro, la ampliación de la planta química de Kemira y la flexibilización del Digesto del río Uruguay.
En el 2020 se realizó de forma virtual la manifestación y este 2021 se realizará la XVII marcha en forma presencial, con una gran caravana hasta el puente general San Martín. La concentración de vehículos “será a las 15:30 en la banquina de Arroyo Verde y a las 16 comenzará la marcha al puente general San Martín, que une Argentina con Uruguay y la proclama y arenga se hará en Arroyo Verde, sin bajar de los vehículos (que será trasmitida por radio de FM 88.1)”, contó a esta Agencia Pretto, quien confirmó la jornada, ya que la modalidad se encuadra en los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para evitar la propagación del Covid-19.
La caravana “será en defensa de la vida, porque sin agua, aire y tierra limpia no tenemos vida (desde los seres humanos a los animales y plantas). Los seres humanos somos los más destructivos para el planeta tierra, no quiero hablar de seres racionales porque hay un grupo de humanos que actúan irracionalmente, porque sino no estaríamos en las luchas que estamos”, dijo el activista.
En ese sentido, precisó que “hay que defender el planeta tierra, la casa en común que tenemos, porque si la seguimos destruyendo las generaciones futuras no tendrán dónde vivir, porque se seguirá contaminando el agua, el aire y la tierra y sin ellas la vida será de mala calidad y las expectativas de vida se acortarán, porque tendremos más enfermedades”. En ese marco, ilustró que “la pandemia que atravesamos es porque no supimos cuidar el ambiente para que algunos pocos se enriquezcan y los otros seamos más pobres, viviendo en un ambiente más pobre, endeble y contaminado”.
Particularmente, la protesta será contra la ilegal UPM I “instalada en la ribera del río Uruguay que comparte Argentina y Uruguay”, indicó el activista, quien recordó que la Corte Suprema de La Haya determinó que “Uruguay violó (por los hechos consumados) el Estatuto del río Uruguay (de 1975) en cinco oportunidades, normativa que prevé que si hay algún emprendimiento en algún país el vecino se debe pedir autorización para hacerlo y debe ser permitido por las dos naciones y Argentina no le dio la autorización a Botnia (hoy UPM I), que para nosotros es un emprendimiento ilegal”. También, “está el problema de UPM II, que se instalará en el río Negro, que es afluente del río Uruguay, por lo que contaminará el río Uruguay; además, Uruguay pidió autorización a Argentina para ampliar la planta química Kemira (en Fray Bentos) para abastecer también a UPMII y no se presentó el estudio de impacto ambiental; asimismo, se pretende acrecentar la empresa Linde (que está en UPM I), que no tiene controles; y a todo eso se suma la barbaridad de que en la gestión de Mauricio Macri (junto al gobierno de Uruguay) que hizo más permisivo el Digesto y se violó el principio de no regresión establecido en el Estatuto del río Uruguay al reducir la calidad del agua y que el monitoreo de la planta que existe”, dijo.
Al respecto, subrayó que el digesto vigente “se hizo a medida de emprendimientos contaminantes para instalarse en el río Uruguay, lo que es nefasto e implica destruir el río Uruguay sin derecho a reclamo alguno de la ciudadanía”.
Sin controles del aire
Por otro lado, Pretto denunció que el gobierno provincial no realiza los controles de aire más allá de disponer del equipamiento: “En 2014 Nación y Entre Ríos firmaron un acuerdo para realizar un monitoreo del aire de UPM I en la que el gobierno nacional giró 5 millones de pesos para poner en funcionamiento y realizar un control global de control de aire en la provincia y hasta ahora es muy poco lo que se hizo”.
“En 2014 el dólar estaba a 10 pesos y ahora a 98.50 pesos por lo que la plata ahora no alcanza para hacer lo que se tenía que realizar, por lo que el gobernador (Gustavo Bordet) y sus funcionarios de Ambiente deben hacerse responsables por inacción, ya que ese dinero que envió Nación no se ejecutó como debía ser y ahora dicen que la plata no les alcanza por lo que hay incumplimiento de los deberes de funcionario público”, advirtió.