Ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca crear en el Ministerio Público Fiscal la Unidad Fiscal Especial de Delitos Rurales, para investigar y prevenir delitos en el campo, confirmó AIM. En el país se encontraban denunciados unos 125 casos de delitos en áreas rurales, en donde según estadísticas de ministerio de Seguridad de la Nación, el 62,3 por ciento de los casos corresponden a roturas de silo bolsas, los que en un 21 por ciento se ven agravados con la sustracción del cereal que estos elementos contenían.
La iniciativa promovida por el diputado Julián Maneiro (UCR) ingresará en la próxima sesión de la Cámara Baja, para ser analizada por los legisladores provinciales. El texto crea la Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales que contará con una estructura organizativa, de acuerdo a las disposiciones que dicte el Procurador General, en el marco de las facultades conferidas por la Ley Nº10.407.
“Los Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares que integren la Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal, de acuerdo a las previsiones legales, las instrucciones del Procurador General y la distribución de tareas que este establezca”, enuncia el proyecto.
La Unidad Fiscal Especial intervendrá, a través de los Delegados Judiciales y en coordinación con la Policía de Entre Ríos, y a través de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, “en todas las actuaciones preventivas y punitivas de delitos que se cometan o intenten en áreas rurales e islas de jurisdicción provincial”. También lo hará en coordinación con la Dirección General de Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos, que será competente como titular de la acción penal, en todo lo normado por la Ley Nº 4.841 de Caza, la Ley Nº 4.892 de Pesca y la Ley Nº 10.479 de Áreas Naturales Protegidas”.
En los fundamentos a los que accedió esta Agencia, Maneiro argumentó que los acontecimientos que se vienen sucediendo en distintos puntos de nuestro país, y de los cuales Entre Ríos no se encuentra exenta, “dan cuenta de un notable incremento en los denominados delitos rurales. Esto pone de manifiesto la necesidad de generar una respuesta institucional y adaptar el entramado organizacional y judicial provincial para lograr una mayor eficacia en la función pública de prevenir y sancionar la realización de estos tipos de acciones”.
“Nos parece oportuno proponer una reorganización institucional que contemple una Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales, con actuación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de contar con una estructura y una organización judicial especializada”, indicó el legislador.
En ese marco, destacó a modo de antecedente “que otras jurisdicciones provinciales han llevado adelante reformas que crean figuras similares a la aquí propuesta con funciones y competencias similares”.
“En definitiva, consideramos que la especificidad y el incremento del delito rural merece que se activen políticas públicas para su control y erradicación como las que aquí proponemos”, aseguró el diputado, quien apuntó que el “mundo de la ruralidad tan presente en nuestra provincia por medio de los productores agropecuarios, empleados rurales, prestadores de servicios y contratistas, así como también quienes eligen adoptar este estilo de vida, son ciudadanos merecedores del respeto todos los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución, siendo el respeto a propiedad privada y a la seguridad parte de ello”.