La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (Cade), miembro de la Red Argentina no Baja, se manifiesta contra la propuesta de imputar a los adolescentes a partir de los 15 años. “Volvemos a decir que bajar la edad de punibilidad constituye una medida que es ineficaz para solucionar la inseguridad, que incluso empeora la situación en vez de resolverla, que es inconstitucional porque es regresiva en términos de derechos humanos, y que culpabiliza a los adolescentes de los problemas que deben resolverse con la intervención del Estado social antes que penal”, señalaron a AIM desde la organización.
“Ante la nueva difusión mediática de la intención del gobierno de enviar al Congreso un proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que incluye bajar la edad de punibilidad de los adolescentes, el conjunto especialistas, referentes, organizaciones sociales, políticas, culturales y sociales que conformamos la Red Argentina no Baja volvemos a decir que bajar la edad de punibilidad constituye una medida que es ineficaz para solucionar la inseguridad, que incluso empeora la situación en vez de resolverla, que es inconstitucional porque es regresiva en términos de derechos humanos, y que culpabiliza a los adolescentes de los problemas que deben resolverse con la intervención del Estado social antes que penal”, dijeron a AIM desde la Cade.
Luego de la nueva difusión mediática que menciona la intención del gobierno de enviar al Congreso un proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que incluye bajar la edad de punibilidad de los adolescentes, el conjunto especialistas “volvemos a manifestar que la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil basado en los derechos humanos nada tiene que ver con la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad”, agregaron desde la Campaña.
En ese sentido, subrayaron: “La insistencia del Gobierno en el tema desoye las recomendaciones realizadas por la absoluta mayoría de los especialistas convocados por el propio ministro Garavano en las rondas de consulta de 2017, así como las observaciones rotundas del Comité de los Derechos del Niño de la ONU realizadas al Estado Argentino en junio del 2018, por Unicef Argentina y hasta por la propia Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) del mismo gobierno. Tal consenso demuestra que bajar la edad de punibilidad no soluciona ninguno de los problemas con los que se la pretende justificar, es contraproducente y regresivo”.