El cupo laboral mínimo de personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público establecido por el gobierno nacional es una conquista del colectivo, aseguró a AIM Keili Gonzáles, dirigente y militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) quien aclaró que es un pequeño paso, porque se necesita una respuesta integral. En lo que va de 2020 ya hubo 60 muertes, por ausencia del Estado o por trans-travesticidios, 47 de ellas durante la cuarentena.
La activista señaló que la decisión le generó sentimientos ambivalentes: alegría e indignación. “No puedo negar que me pone contenta esta conquista, porque si se efectiviza, miles de compañeras podrán pensarse bajo otro mundo posible. Pero también me inunda la bronca, porque bajo esta estrategia por parte del gobierno del Frente de Todos se esconden mucha hipocresía. Es clarísima la ausencia sistemática que hubo por parte de este sector al servicio del capitalismo, la oligarquía y el patriarcado que ahora en un intento de diferenciarse del macrismo y el radicalismo en Juntos por el Cambio, por la sintonía a las terribles políticas que vienen implementando, salgan a festejar esto como logro suyo, y a usarlo simbólicamente”, dijo a esta Agencia.
En ese sentido, remarcó que la conquista “es pura y únicamente mérito de nuestras luchas revolcades en la miseria y el dolor. No debemos bajar los brazos, esta acción es una clara estrategia de contener el nuestros gritos y descontento, porque saben que estamos hartas de las políticas miserables a la que siempre nos condenan, que lo residual sea lo ‘único’ que pareciera ser que nos merecemos, porque para elles siempre estuvimos y estamos al final de fila”.
Además, explicó que ante un problema estructural se necesita una respuesta integral: “El cupo salió por decreto presidencial, o sea que estará sujeto a la buena voluntad del gobierno de turno para implementarse y cumplirse. Necesitamos una Ley a la medida de nuestras necesidades, no a la medida justa que le quede al Estado”.
Al respecto, explicó que ante este escenario desde el MST acompañan el proyecto de Ley Integral Trans que presentó e impulsa la Federación Argentina Lgbt (que Libre Diversidad y el MST integra junto a Attta y más de 150 agrupaciones en todo el país). En ese marco, aclaró que la iniciativa “puede ser perfectible (como cualquier propuesta), ya que propone un cupo laboral del 0,5 por ciento en toda la planta estatal ya sea permanente, transitoria y contratada; y en las empresas del Estado; incentivo fiscal al sector privado y subsidios a cooperativas y proyectos productivos trans. Además dispone programas de inclusión y terminalidad escolar; la garantía de acceso a la salud y la creación de centros especializados en identidad de género; un plan de acceso a la vivienda, y otra gran deuda con las personas travestis y trans: un subsidio reparatorio para mayores de 40 años. Más allá de nuestra divergencia puntual sobre los incentivos, este proyecto sí es una respuesta inclusiva completa para una comunidad que tienen una expectativa de vida de tan solo 35 años”.
Entre Ríos a contramano
En Entre Ríos el proyecto de cupo laboral trava trans “tiene media sanción en Diputadxs, pero esta institución (mera escribanía del Ejecutivo provincial), eliminó el porcentaje que establecía piso de cargos en el Estado y empresas estatales para las personas travestis, transexuales y transgénero hecho terriblemente penoso, justamente porque entendemos que el cupo laboral es una prioridad estratégica. Hoy ese proyecto se encuentra frenado en el Senado, y para nada parece ser una prioridad para el Frente Creer y Juntos por el Cambio, detrinar sobre nuestros derechos saben y mucho”, recordó Keili.
En ese marco, recordó que “en Paraná se aprobó el cupo pero despidieron a las compañeras y el PJ de eso nada dice; en Victoria también se aprobó la ordenanza y al día de la fecha sigue sin implementarse y en Rosario del Tala ocurre los mismo”, mientras que precisó que en Nogoyá y Seguí “los proyectos ni siquiera tuvieron estado parlamentario”.
“Nuestro colectivo atraviesa una constante situación de emergencia. En lo que va de 2020 ya hubo 60 muertes, por ausencia del Estado o por trans-travesticidios, 47 de ellas durante la cuarentena. Nuestra expectativa de vida oscila entre los 35 y 40 años de edad: la mitad del promedio social general. Y sobrevivir se reduce a la prostitución o la extrema precarización como única salida”, remarcó.
Históricamente, el Estado y sus instituciones reproducen y profundizan las condiciones de exclusión y vulnerabilidad extrema afectan: “El gobierno de Gustavo Bordet posee otros intereses, profundizando la estigmatización hacia nuestras identidades nos expone a la criminalización y la violencia institucional sistemáticas, sobre todo por parte de la policía, la justicia y también en su alianza, habilitando a las iglesias, al seguir sosteniéndolas mediantes subsidios cuando sabemos con es una de las principales instituciones vulneradora y violentas”.
En la urgencia, el gobierno provincial “implementa solo políticas asistenciales insuficientes y que nada tiene que ver con revertir el problema en profundidad. Nunca tiene como acción, la certeza de garantizar nuestros derechos. Deben invertir las prioridades: no puede tener como objetivo en primera instancia asegurarse un buen tratamiento de las situaciones violentas, sino que debe generar políticas para evitarlas”, remarcó.
Al respecto, lamentó que quienes señalan esas acciones son excluidas “de todo tipo de construcción de políticas integrales, que permitan proponer otro imaginario con posibilidades reales para nuestro colectivo”.
“Las personas travestis y trans a menudo somos expulsadas de nuestras familias desde temprana edad, se nos margina del ámbito educativo, también del sistema de salud, luego del mundo laboral y por lo tanto del acceso a la vivienda, y si con suerte superamos los 40 años sin tener ninguna cobertura social. Por eso, como nuestro problema es estructural, en todos los ámbitos de la vida, reclamamos una respuesta de carácter integral”, aseguró.