El senador por Paraná, Raymundo Kisser, afirmó a AIM que el proyecto que promueve el Ejecutivo en la Legislatura para modificar la organización de Salas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) generará inseguridad jurídica y sólo responde a intereses coyunturales. “No se puede seguir legislando en función de quién es el funcionario o juez de turno. Las Leyes hay que sancionarlas para que trasciendan en el tiempo”.
El texto que envió el PE a la Cámara Baja, modifica el art. 40 del Decreto-Ley 6902/82 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Integración: El Superior Tribunal de Justicia, cuando se encuentre dividido en Salas, determinará quienes de los Vocales integrarán cada Sala”.
Para el senador, el proyecto no responde al mejoramiento del servicio de Justicia, sino que apuesta resolver intereses particulares del Gobierno: “¿Qué se busca con esto? Como en los amparos, la competencia es de la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales, al integrarse en el futuro por sorteo esa Sala, podrá evitarse la mayoría automática de Daniel Carubia y Miguel Giorgio, quienes han fallado en contra del Gobierno y del Iosper en numerosos amparos de salud, pero también en contra el Ministerio de Salud y otras reparticiones del Estado, sin dejar de señalar que igualmente lo han hecho a favor en numerosos casos”.
Para el abogado prima una segunda intención en el proyecto, que es desarmar la actual Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales. Esta modificación generará graves consecuencias en la provincia, ya que cada magistrado tiene su criterio, por lo que el sorteo “será una ruleta rusa, en la que variarán los criterios. Es decir, si se va a un sistema en el que se sortearán, en cada oportunidad, los integrantes de las Salas, ocurrirá que un problema civil lo podrían resolver tres penalistas”, por lo que se pasaría de salas estables a “salas itinerantes”.
Al respecto, Kisser agregó que la reforma buscaría esencialmente frenar sentencias de salud contra el Gobierno y el Iosper, ya que “todos quieren hacer y atender la salud, pero cuando cuesta poca plata, cuando cuentas mucha plata, se lavan las manos, y mandan todo al Ministerio de Salud de la Nación. Por eso, este proyecto es un disparate, un manotazo de ahogado, que busca romper la Sala Penal”.
Antes de proponer esta reforma, el abogado considera necesario que se hagan Salas de Casación Laboral, Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, como instancias anteriores al STJ, el cual debería ser, en ese caso, de cinco miembros, y no de nueve integrantes, pero remarcó que “en principio la división en Salas debe mantenerse en la medida que no haya un cambio de estructura de los nueve miembros”
En ese marco, el legislador recordó que el Ejecutivo intentó, antes de fin de año, modificar la Ley de Procedimientos Constitucionales, pero no lo logró, por lo que ahora busca arremeter con esta nueva propuesta que sólo responde a intereses coyunturales: “Se legisla como bombero. Frente a un incendio o catástrofe, se buscan artilugios, modificaciones y parches, que atentan contra la seguridad jurídica, cuando las soluciones deben pasar por otro camino”. Agregó “bueno es recordar que a través de los fallos de las respectivas Salas, se sabe cómo piensa, o cuál es el criterio que tiene el Máximo Órgano Jurisdiccional de la Provincia en las diversas materias, asuntos y conflictos que debe resolver. En definitiva es ésto es lo que genera seguridad jurídica, o certidumbre en la resolución de los conflictos judiciales”