La dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores Celeste Fierro y la secretaria Gremial de Ademys, Vanesa Gagliardi, presentaron hoy un amparo contra la Resolución 2566 que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. La jueza María Rosa Cilurso, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 22, deberá decidir si le da lugar al recurso. La medida judicial se suma a dos proyectos de ley presentados la semana pasada en la Legislatura porteña.

El viernes pasado se conoció la resolución que indica que educadores y educadoras deberán “desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”. A pesar de que la medida generó un amplio rechazo en la comunidad escolar y en autoridades nacionales, incluso de los propios integrantes de la alianza de Juntos por el Cambio como el diputado Facundo Manes, ayer la ministra de Educación, Soledad Acuña, reforzó su decisión y dijo que sancionarán a docentes que utilicen el lenguaje inclusivo.

Frente a este panorama, las dos referentes de izquierda hicieron la presentación en la justicia. Fierro, mamá de una niña que cursa primer grado en una escuela pública, señaló que Acuña busca “reducir la libertad de expresión y los derechos de género reconocidos por la ley”. “Atrasa y discrimina. En sus siete años de gestión como ministra, desde 2015 a hoy, redujo el presupuesto educativo del 23 al 19%. Frente a esta medida tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo; la caída en la comprensión de textos empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba”, indicó.

Gagliardi, quien también es profesora de secundaria, explicó que el retroceso en la comprensión de textos se da por la falta de computadoras y conectividad que sufrieron los estudiantes durante la pandemia. “Si no se revierten estos problemas estructurales, prohibir en forma arbitraria el uso de la ‘e’ o la ‘equis’ sólo implica discriminar y cercenar derechos. Esta resolución no cayó bien en las escuelas, por eso nos estamos organizando junto a estudiantes y familias para rechazarla”, afirmó la referente del FIT- Unidad quien a fin de año asume como legisladora, ya que en esa fuerza los cargos se alternan. El amparo es representado por Mariana Chiacchio, integrante del Centro de Abogades por los Derechos Humanos.

El viernes pasado, la legisladora Alejandrina Barry del PTS dentro FIT-Unidad, presentó un proyecto de resolución para derogar la resolución del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Consideró que “no obedece a razones pedagógicas, es discriminatoria contra el movimiento de mujeres y viola el derecho constitucional a la libertad de expresión”. Por otro parte, sus compañeros de bancada Gabriel Solano y Amanda Martín (del PO) presentaron un proyecto similar y denunciaron el “carácter retrógrado, oscurantista, discriminatorio, contrario a todo principio de defensa de la Educación Sexual Integral y al derecho a la identidad de género”.