En 2017, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto de ley de VIH, Hepatitis virales e ITS, presentado por las organizaciones. La iniciativa quedó frenada y perdió estado parlamentario. En 2018, se vuelve a presentar, pero su tratamiento queda en el olvido. En Argentina aproximadamente 129.000 personas viven con el virus y 800.000, con hepatitis C. La legislación vigente 23.798 fue sancionada en 1990 y si bien en su momento fue innovadora y eficaz, actualmente resulta insuficiente y atemporal.
Según pudo saber AIM, el proyecto se presentó en 2016 y fue una reforma de la ley existente. Se consensuó por más de tres años por Redes y Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH y hepatitis, instituciones de la sociedad científica, organismos internacionales y de actuación estatal nacional y provincial.
Ante este escenario, en 2018, después de meses de debate y trabajo en conjunto, las organizaciones que integran el Frente Nacional por la salud de las personas con VIH presentaron nuevamente el proyecto al Congreso de la nación.
El texto, al que tuvo acceso AIM, ingresó por Diputados con la firma de María Fernanda Raverta, Eduardo Bucca y Daniel Arroyo, miembros del Frente para la Victoria y el Frente Renovador respectivamente. Los diputados integran, además, la comisión de Acción Social y Salud Pública.
El proyecto cuenta con avales de más de 14 diputados y fue consensuado por más de 60 organizaciones que componen el Frente Nacional por la salud de las personas con VIH.
La iniciativa declara de interés público y nacional la respuesta integral a las infecciones por VIH/Sida, hepatitis virales e ITS e incluye en el marco legal a otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que se registran en aumento.
De aprobarse, la ley implicará un salto superador a la actual norma, sancionada en 1990 y que quedó obsoleta, y declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las Hepatitis Virales y las ITS.
También establece la obligación de desarrollar políticas públicas sobre los determinantes sociales de las enfermedades, atendiendo así las distintas vulnerabilidades de aquellos que viven con VIH. Además cuenta con la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas de VIH a través de la conformación de una Comisión Nacional, integrada de manera intersectorial e interministerial.
Reconoce y obliga al estado a desarrollar políticas específicas para aquellos niñas, niños y adolescentes que nacieron con VIH y establece los principios del diagnóstico: confidencial, voluntaria con consentimiento informado, gratuita y universal, con la obligatoriedad del asesoramiento pre y post test, y la vinculación con el sistema de salud.
Propone que se prohíban las prácticas discriminatorias en cualquier ámbito así como las prueba diagnóstica de VIH en al ámbito laboral, incluyendo los exámenes preocupacionales, y prevé sanciones para quienes incumplan.
Además, reconoce los derechos de las poblaciones vulneradas, tal como los usuarios de droga, pueblos originarios y personas en contexto de encierro. Propone la creación de un Observatorio, que tendrá el objetivo de visibilizar y erradicar las prácticas de estigma y discriminación y reconoce los derechos de las personas con VIH en el marco del sistema de seguridad social: jubilaciones y pensiones no contributivas.
En Argentina hay 129 mil personas que viven con VIH, se producen 5.800 nuevos diagnósticos y seis de cada 10 personas con el virus se atienden en el sistema público, según datos del último Boletín sobre VIH, sida e ITS que presentaron hoy autoridades de la Secretaría de Gobierno de Salud con el objetivo de actualizar los datos epidemiológicos.
De la Redacción AIM.