El decreto  9655/81, que data del último Gobierno militar, establece el financiamiento de la institución católica en Argentina. En ese orden, también se prevé que los obispos no paguen ganancias e incluso tienen pasajes al exterior, pagos con los impuestos de los ciudadanos. “La Iglesia dijo que no son sujetos obligados de acceso a la información pública; sin embargo, si reciben dinero del Estado son iguales que otros funcionarios, quienes tienen que estar bajo esta Ley, junto con declaraciones juradas y cargas impositivas”, manifestó a AIM la diputada nacional por Cambiemos, Karina Banfi quien, junto a otros legisladores, presentó un proyecto orientado a quitar símbolos religiosos de edificios públicos.

La diputada, autora de la Ley nacional de Acceso a la Información Pública, dialogó en exclusiva con AIM y llamó la atención sobre el lugar de la Iglesia en el marco de esa norma. Explicó que por un decreto de la última Dictadura,  se establece el financiamiento de la Iglesia  en Argentina.

Además, se prevé que los obispos “no paguen ganancias e incluso tienen pasajes al exterior, pagos con nuestros impuestos”, indicó Banfi a esta Agencia y recordó que “la Iglesia dijo que no son sujetos obligados de acceso a la información pública; sin embargo, si reciben dinero del Estado son iguales que otros funcionarios, quienes tienen que estar bajo la Ley de Acceso a la Información Pública, junto con declaraciones juradas y cargas impositivas”.

La diputada también hizo referencia a los aportes que reciben de ONG que trabajan o son filiales adherentes a la Iglesia como scouts o Cruz Roja. En ese caso, “hay que ver cómo se reorganiza esta situación, que hoy goza de desorden, no tenemos mucha información al respecto y es parte de la apertura de la iglesia en términos de cuentas y financiamiento, es decir, ver qué fines se le dan a sus fondos”, aclaró a AIM.

Cabe destacar que la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública se puso en vigencia en septiembre de 2017 y obliga a los tres poderes del Estado a informar a los ciudadanos sobre sus actos, en sintonía con la apertura largamente reclamada por organizaciones civiles que pedían mayor transparencia en los asuntos públicos.

La Ley constituye un avance en materia de transparencia estatal, luego de años de intentos parlamentarios fallidos, porque se apoya en el derecho de toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes, representantes y funcionarios cumplen sus funciones y el destino que otorgan al dinero público.

Respecto al proyecto de ley orientado a quitar símbolos religiosos de edificios públicos, que presentó semanas atrás en Diputados, la diputada explicó a AIM que se trata de “ver principalmente este tema como libertad religiosa y fortalecimiento de los cultos para quienes viven en el país puedan ejercer su propia creencia y que no haya un Estado que obligue a creer un credo”.

La idea “es en parte un trabajo que llevamos desde hace dos años y apunta a respetar la libertad religiosa en argentina, y bregar por el fortalecimiento de todos los cultos, por ejemplo, darle el mismo estatus a los budistas musulmanes, evangélicos, entre otros”.

En ese sentido, explicó que “es una libertad constitucional establecida en los artículos 14 y 20 (Libertad del culto) así como también en tratados de derechos humanos”.  En ese sentido, refirió que, actualmente, “entras a cualquier oficina pública y encontrás  imágenes de culto, lo que hace parecer que el Estado está comprometido con esa creencia”.

El proyecto de ley se encuentra a la espera de su tratamiento, junto con otras iniciativas similares o de referencia a la separación del Estado y la Iglesia, en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación General.