Las corporaciones de profesionales de la salud aprovechan los vacíos cada vez más grandes que deja el Estado en la atención de la salud pública. El derecho al acceso a la salud está en jaque ante la falta de políticas públicas que garanticen prestaciones a los entrerrianos.

El Estado debe satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ese es su objetivo en sí. Entre esos derechos que debe garantizar se encuentran la salud, la educación, el acceso a la vivienda, la propiedad privada y la libertad.

Hoy en Entre Ríos el repliegue del Estado se observa en varias áreas, pero sobre todo se nota (ante la crisis) en la falta de servicios de salud pública, teniendo en cuenta que la misma se complejiza por las condiciones de existencia de cada uno de los ciudadanos.

El repliegue del Estado se sostiene con la idea de que la salud se debe pagar, es decir, con su mercantilización o tercerización en obras sociales y prepagas, desligando responsabilidades, pero la verdad es que la responsabilidad de la salud de quienes poseen y no obra social es del Estado, que a través de su Ministro de Salud debe buscar los medios para efectivizar y concretar el derecho humano.

En ese marco, un ejemplo paradigmático es la carencia del servicio de odontología. No sé entiende entonces que aquellos afiliados a varias obras sociales no tienen posibilidades de acceder a los servicios de odontología, liberando a esa corporación a manejarse libremente con sus Colegios y matriculados.

Ejemplo sobran. El Estado -en este caso desde el ministerio de Salud- no debe desentenderse en materia de prestación del servicio ya que su rol y función es controlar que no se vulneren derechos sean o no afiliados a una obra social las personas que lo necesitan.

Las necesidades son varias y los recursos escasos, pero los ciudadanos llevan varios años esperando que se resuelvan situaciones que hacen al bienestar en este caso de su salud bucal.