El docente universitario de economía, director del programa de extensión de cátedra “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la carrera de Comunicación Social de la Uner, Luis Lafferriere, dijo a AIM que “en una primera muestra sobre dónde están las prioridades del nuevo gobierno nacional y a quiénes considerará al tomar sus decisiones, el flamante presidente de los argentinos dejó claro con su proyecto de ley de emergencia que, en caso de conflicto de intereses, gobernará a favor de los que tienen el poder económico”. 

Además de garantizar y promover los intereses de las grandes corporaciones de los sectores más depredadores y saqueadores de la Argentina (transnacionales que controlan la megaminería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos con el fracking, la expansión del monocultivo de transgénicos, con los paquetes tecnológicos y las exportaciones del sector), Alberto Fernández está entregando el sistema jubilatorio como prenda de garantía de que el país pagará a los usureros la deuda fraudulenta e ilícita que asumió el gobierno anterior para alimentar la fuga masiva de capitales y el saqueo de la Nación.

 

El proyecto que se está a punto de aprobar en el Congreso Nacional tiene decenas de artículos en los varios capítulos que componen el texto de la norma, pero hay dos grandes cuestiones que son los ejes centrales de la política del nuevo gobierno, a los efectos de pacificar ‘los mercados’ y ‘amigarse’ con quienes detentan el poder en la Argentina:

 

- Una, es manifestar la decisión de garantizar el pago de la deuda pública.

 

- La otra, que para cumplir con ese objetivo está dispuesto a cualquier cosa, incluyendo la entrega de los fondos de los jubilados a los efectos de conseguir los dólares necesarios.

 

Sobre estas dos cuestiones se dice poco y nada en las declaraciones de los políticos y en el tratamiento en los grandes medios.

 

La tan difundida y mal analizada ley

La autodenominada ley de ‘solidaridad social y reactivación productiva’ incluye en su artículo primero el otorgamiento de facultades extraordinarias (‘superpoderes’) al ejecutivo, que van en contra de disposiciones constitucionales y deja al congreso sin muchas de sus facultades, con el justificativo de que deben enfrentarse a una emergencia que demanda acciones rápidas.

En el primer inciso de su artículo segundo declara el principal fundamento para el pedido de esos superpoderes: “Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”.

Y para no dejar lugar a dudas al respecto, el artículo siguiente dice textualmente:

“ARTÍCULO 3º.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la REPÚBLICA ARGENTINA.”

Primera cuestión, entonces: el objetivo central del Ejecutivo no es la solidaridad social ni la reactivación productiva, sino garantizar el pago de la deuda fraudulenta.

Es grave que toda la urgencia del nuevo gobierno priorice antes que nada la garantía a quienes se enriquecieron a costa del sacrificio de los argentinos y a quienes buscaron rentas fabulosas sin mover un dedo, y que gran parte de ese endeudamiento se haya generado de manera irregular.

No hay ni una sola mención en el texto, de realizar una auditoría o una investigación sobre el origen de ese mayor endeudamiento, que significó para el Estado nacional un monto de alrededor de 129 mil millones de dólares.

 

¿Cómo se puede justificar que la Argentina aumente su deuda pública en semejante magnitud, en sólo cuatro años, mientras la economía se debatía en un proceso recesivo que deja decenas de miles de empresas cerradas y millones de nuevos desocupados, y que en paralelo se hayan multiplicado los que viven en la pobreza y la indigencia?

Sucede que gran parte de los dólares que llegaron como deuda se fueron como fuga de capitales por las ganancias que obtuvieron en el país los usureros especuladores, grandes bancos y corporaciones. Ganaban en pesos y compraban dólares baratos que se los preveía el propio gobierno, y vía la fuga de capitales se llevaron entre enero del 2016 y octubre de 2019 mas de 85 mil millones de dólares.

¿Cómo piensa el gobierno conseguir los dólares para pagar a los usureros?

Definido el objetivo principal de la ley, hay que ver de qué manera, a partir de un déficit fiscal primario con que cierra el Estado este año 2019, se puede pasar en los próximos años, a lograr un superávit primario de una magnitud tan grande que alcance para comprar los dólares necesarios para pagar los intereses gigantescos y eventualmente devolver luego parte del capital.

Es obvio que los acreedores (tenedores de bonos –fondos buitres incluidos- y el propio Fondo Monetario Internacional) eran plenamente concientes de que esa deuda era impagable en los términos y plazos originales. Igualmente ‘arriesgaron’, especulando unos con hacer luego juicios en tribunales internacionales para cobrar todo más intereses, y otros como el FMI para condicionar al país cuando deba renegociar la forma de pago de una deuda impagable. En ambos casos, suponiendo que las distintas opciones electorales no plantearían ninguna postura en defensa de los intereses nacionales de un Estado soberano.

La decisión del nuevo gobierno, efectivamente, acepta sin chistar el pago de la deuda fraudulenta. Pero como agravante de esta sumisión, el camino para hacerla efectivo viene por el lado del ajuste fiscal a costa de los haberes de los jubilados y no a cargo de los que se han enriquecido. Una decisión repudiable, por ser injusta, inconstitucional, y pretender descargar sobre las espaldas de uno de los sectores más vulnerables de la población un sacrificio mayor al que ya vienen soportando con las políticas públicas.

¿Quiénes son los que más ganan en la Argentina?

Entre los grandes ganadores de la marcha de la economía y del resultado de las políticas aplicadas figuran los especuladores financieros, los bancos privados, las corporaciones petroleras y del área energética, las transnacionales del comercio externo de granos, las megamineras depredadoras, los laboratorios medicinales y las firmas monopólicas y oligopólicas formadoras de precio.

¿No deberían ser este reducido sector de privilegiados los que deban soportar el peso del pago de la deuda fraudulenta?

Lamentablemente, en nuestro país los que más ganan y saquean nuestras riquezas, son los que menos pagan impuestos.

El grueso de la recaudación tributaria proviene de impuestos indirectos y regresivos (que afectan más a los que menos tienen y menos ganan, vía la carga en el precio final que pagan los consumidores), con el hecho agravado que encima ni siquiera pagan el impuesto a las ganancias (que termina recayendo en PYMES, autónomos, trabajadores en relación de dependencia y hasta en los propios jubilados).

¿Qué dice el proyecto sobre dónde saldrán los recursos para garantía del pago a los usureros?

Hay una definición que venía anunciando el gobierno, respecto de fijar las retenciones a las exportaciones de granos en porcentajes y no suma fija, lo que significa un pequeño incremento que recae sobre los productores agropecuarios. No obstante, este sector se ha beneficiado con el aumento sideral del dólar en los últimos cuatro años, que pasó de nueve pesos a más de sesenta. También se determina un impuesto al dólar turista y la compra de servicios del exterior, al igual que los compradores de dólares para ahorro; y una suba de las alícuotas del impuesto a los bienes personales, que afectará lo mismo que el anterior, en especial a la clase media, media-alta y alta.

Sin embargo, las cifras que se manejan como estimaciones del probable aumento de la recaudación con estas medidas, no son tan significativas como para garantizar el posterior pago de las obligaciones con los acreedores.

¿Por qué razones, a pesar de eso, tanto el FMI como los bonistas especuladores, como los economistas serios del establishment, figuran entre los más entusiastas defensores de esta ley?

Porque para el gobierno existe otro recurso fundamental para conseguir el superávit primario que se necesita, para que el Estado pueda comprar a futuro los dólares que se requieren para pagar intereses. Y ese recurso fundamental es congelar los haberes de los jubilados a través de la suspensión (por ahora por seis meses) de la recomposición de los mismos por la pérdida sufrida por la inflación.

 

Dicho de otro modo, para pagar deuda se quiere quitar a los jubilados parte de su deteriorado ingreso, aunque así se agraven sus condiciones de vida.

Los jubilados vienen perdiendo sistemáticamente, son mayoritariamente pobres y esperaban anuncios de mejoras sustanciales de sus ingresos del nuevo gobierno

Hay que decir que la gran mayoría de los pasivos (casi un 60%) recibe el haber mínimo de 14 mil pesos, que es una miseria que sólo le garantiza una vejez miserable. Pero hay otros millones de jubilados que están por encima del mínimo, que igual cobran un monto que no cubre ni de lejos el costo de la canasta de pobreza de los ancianos, estimada por el Defensor de la Tercera Edad para comienzos de octubre pasado en casi 38 mil pesos mensuales (hoy sobrepasa los 40 mil, con el agravante que los bienes que más se encarecen son los alimentos y los medicamentos).

Y el poder adquisitivo de la totalidad de los pasivos se ha venido afectando en los últimos años por la creciente inflación, ya que la recomposición de sus haberes toma la variación de los índices de precios del semestre anterior. Es decir, vienen ‘corriendo’ por detrás, en desventaja, y afrontando precios elevados con haberes atrasados.

No obstante las limitaciones de la actual fórmula de ajuste, la recomposición trimestral viene evitando mayores deterioros, y en caso de que la inflación se modere en los próximos meses, los jubilados al fin podrían recuperar algo del haber perdido por la suba de precios. Según la fórmula de la ley vigente (que se quiere congelar), para marzo deben recibir un aumento de 11,5 % y para junio uno del 15,5 % aproximadamente.

¿Qué cambia con esta ley?

Se dispone la suspensión por seis meses de la recomposición de los haberes según la legislación y la fórmula vigente, dejando al arbitrio del ejecutivo si van o no a recibir algún aumento y en qué condiciones lo harían.

Eso significa que a los jubilados no se les reconocerá el 27% ya determinado, y sus haberes reales profundizarán la caída en picada, en una economía que durante dos años viene con una inflación anual del 50.

Aunque para ocultar este brutal saqueo, anuncian el otorgamiento de un bono por el cual se garantizará que ningún jubilado recibirá menos de 20 mil pesos desde enero próximo (vía el pago de dos bonos mensuales de cinco mil pesos).

Con este anuncio pretenden justificar el recorte ilegal, inmoral y bestial que se quiere hacer sobre el resto de los jubilados que cobran más de 20 mil pesos, la gran mayoría por debajo del costo de la canasta de pobreza, luego de trabajar toda su vida y aportar al sistema durante 30, 35 y hasta más de 40 años.

Si el gobierno de Macri a fines del 2017 hizo una reforma que significó una pérdida de parte de los haberes jubilatorios, que implicó un monto aproximado de cien mil millones de dólares, y que recibió el repudio generalizado de la sociedad, qué decir de este saqueo que implica muchos cientos de miles de millones de pesos más.

Lo menos que podemos afirmar es que el actual presidente tiene mucho menos sensibilidad social que el anterior.

 

Castigo a los jubilados, premios a los poderosos

Mientras tanto, los que más ganan, depredan y saquean a la Argentina se ven premiados por las decisiones del nuevo gobierno.

Aunque se anuncia el congelamiento de las tarifas de gas y luz por seis meses, el gobierno no niega que lo que no paguen los usuarios a las distribuidoras lo pagará el propio Estado con subsidios (o sea, no pierden nada). Pero lo que no se toca en la ley es el precio que se garantiza a las petroleras por el petróleo y gas a boca de pozo, que es el verdadero origen del problema. Eso quiere decir que seguirán contaminando y saqueando nuestros recursos hidrocarburíferas con costos ínfimos, en tanto se les reconocen precios internacionales que nada tienen que ver con esos costos, que son subsidios gigantescos que paga todo el pueblo argentino.

Pero la ley tiene además otras disposiciones beneficiosas para las petroleras y megamineras, ya que en lugar de aumentarles las retenciones a sus exportaciones del 12% actual al 15% general establecido para la producción primaria, les baja las mismas al 8%. También hay beneficios para los inversores financieros (que ganan por poner dinero sin laburar): para ellos el premio es que de ahora en más la renta que reciban de los plazos fijos y los bonos públicos, no estará gravada por el impuesto a las ganancias (impuesto que sí pagan los trabajadores y los propios jubilados).

Hay muchas otras cosas graves que se vienen con este proyecto, que involucran el peligro de que se avance con el achatamiento de los haberes jubilatorios hacia el futuro (igualación hacia abajo de los montos), se dinamite el sistema previsional solidario y se lo reemplace por un régimen de subsidios baratos para todos los ancianos y los excluidos del sistema. Una vieja aspiración del poder económico local y extranjero que no pudieron alcanzar ni siquiera con el gobierno neoliberal de Macri.

Esta grave situación se vino gestando durante muchos años, vía el modelo económico social que se desplegó a lo largo del presente siglo XXI, con una estructura económica primarizada, extractivista depredadora, donde los ganadores y saqueadores no sólo no generan empleo genuino sino que además sólo dejan posibilidad de supervivencia productiva precaria a los que no pueden competir dentro de la formalidad, por lo que se va desfinanciando el sistema previsional.

En paralelo, para evitar una sociedad con muchos millones de desocupados que harían imposible la convivencia y el mantenimiento del orden neocolonial, el Estado se ha hecho cargo de gran parte del ‘sobrante humano’ a través de una mayor cantidad de empleados que no necesita, y el otorgamiento de subsidios masivos para la franja excluida de la población (que los gobiernos usan luego con fines clientelares).

Con una estructura tributaria donde los que más ganan no pagan casi impuestos, el desenlace de este proceso es un déficit fiscal creciente, que se quiere revertir ahora para que el Estado tenga recursos suficientes para pagar a los usureros una deuda fraudulenta. De ahí la estrategia actual de echar mano de los recursos previsionales, poniendo en peligro no sólo la sobrevida miserable de millones de ancianos, sino la continuidad del sistema de reparto y solidaridad.

¿Qué hacer?

La respuesta actual debe ser un rechazo absoluto de estos intentos, la resistencia activa del conjunto de la sociedad y la lucha por construir un modelo económico social fuera del capitalismo dependiente, ya que el rumbo oficial significa despreocuparnos de la suerte de nuestros abuelos e implica aceptar una sociedad sin futuro. No lo debemos aceptar, ya que tenemos muchas potencialidades, en un país de apenas 45 millones de personas y uno de los territorios más extensos y ricos del planeta.

Como lo veníamos sosteniendo desde varias organizaciones, desde nuestras cátedras y nuestro programa de extensión, gane quien gane y gobierne quien gobierne, la lucha continúa. Y las soluciones de fondo a nuestros problemas habrá que generarlas con la mayor participación popular y con la convicción de que es posible y más necesario que nunca construir una sociedad más equitativa, solidaria, humana y sustentable. Nadie nos regalará nada, si nosotros mismos no decidimos construir ese futuro común.