La Asamblea de Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, dieron a conocer un comunicado donde rechazan “el disparatado intento de aumentar la participación del Poder Ejecutivo en el Consejo, entre otras reformas; siendo precisamente un órgano asesor permanente que colabora decididamente en mejorar la calidad e independencia de la justicia entrerriana”, entendieron.

Desde el ente recordaron que “desde su creación en el 2004, pasando por su convalidación constitucional en el año 2008 y la promulgación de la Ley Nº 9.996 en el 2010, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos se ha granjeado el reconocimiento tanto a nivel de nuestra provincia como de otras provincias que lo ven como un ejemplo de integración y funcionamiento. Es precisamente su integración, equilibrada y diversa, la que más elogios despierta en otras provincias”, sostuvieron.

Agregaron que esto “no ha generado ningún tipo de conflicto en el ámbito entrerriano; ni institucional, ni político”, y “ni siquiera rumores acerca de la falta de ecuanimidad o favoritismo en la conformación de las ternas que se elevan al señor Gobernador”.

Recordaron que “además que los Consejeros son ad honorem, no cobran por su labor; siendo un acto de compromiso republicano y de afianzamiento con las instituciones democráticas”.

La Asamblea de la Sociedad Civil señala que “un importante número de magistrados, en toda la provincia, se sienten seguros para hacer su trabajo con libertad y responsabilidad porque ganaron un concurso y no le deben favores a nadie. Estamos convencidos que la legitimidad de origen del Consejo, fruto de la indignación y la movilización activa de amplios sectores de la sociedad civil en el 2003, debido al intento discrecional por parte de gobernantes de nombrar jueces, es uno de los motivos de su solidez actual, que insólitamente, se pretende modificar”.

Reconocieron, sí que “las únicas críticas que se han escuchado se refieren a algunos retrasos operativos, consecuencia en su mayoría por el incumplimiento del Art. 32 de la ley de creación del Consejo, que determina presupuestos acordes y la creación de una oficina contable; la jerarquización del personal, entre otras. Ahí sí el Poder Ejecutivo tendría que tener más participación, dotando de los recursos humanos y materiales necesarios para acelerar los concursos”.

Es así que la organización hace pública esta posición “por lo preocupante de este intento de modificación del Consejo. Nos encontramos siempre dispuestos al diálogo y a profundizar en la fundamentación de nuestra clarísima posición. Parece que es hora de volver a defendernos como sociedad de los intentos de manipular arbitrariamente la justicia”.

Firman el escrito: Verónica Acuña y Alfredo Bell, consejeros titulares; Patricia Popelka y Jorge Torres, consejeros suplentes; Tristán Uranga, Ricardo Sánchez, Hernán Fumaneri, Silvina Calveyra, ex consejeros.