El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) denunció a AIM que en la audiencia pública organizada ayer por la Dirección de Fiscalización de la provincia se presentaron informes parciales que buscan fundamentar la habilitación de la caza en mayo próximo, a pesar de los contundentes fallos judiciales que anularon y declararon inconstitucionales a las medidas que permitieron la caza en 2022 y 2023.

La reunión que se realizó en la Sociedad Rural de La Paz convocada por Recursos Naturales fue hecha a medida de los empresarios del turismo cinegético para la habilitación de la caza en la provincia, advirtieron a AIM desde Ceydas.

En ese sentido, el coordinador del Equipo de Conservación de la Organización No gubernamental (ONG), Gabriel Bonomi, dijo que los informes “tienen un claro sesgo de origen puesto que fueron solicitados y pagados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catcyc), una entidad con evidentes intereses en que la caza se habilite”.

Al respecto, apuntó que los documentos de Catcyc “si bien las poblaciones de la mayoría de las especies de patos disminuyó con respecto a años anteriores, los biólogos sostienen que no habría evidencia científica para determinar cuáles son las causas y expresan podría deberse a fluctuaciones naturales de las poblaciones y no a la caza”, pero subrayó que los estudios “no fueron participativos ya que ninguna institución conservacionista ni ambientalista entrerriana participó de ninguna fase de los mismos”.

Además, advirtió que los expositores “no mencionaron en ningún momento los fallos judiciales de 2022 y 2023 que anularon las resoluciones que habilitaron la caza de aves autóctonas y las declararon inconstitucionales y violatorias de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio de Diversidad Biológica, a los cuales Argentina adhiere por Ley”.

Ante ese escenario, Bonomi aseveró que “velar por el cuidado de los recursos naturales es una obligación indelegable del Estado y este no puede ni debe delegarlos a terceros; mucho menos a terceros con evidentes y manifiestos interés en que la caza se habilite”.