El oficialismo ya tiene garantizada la aprobación en general. Las dudas están para la votación en particular, donde todo el esfuerzo estará puesto en evitar que suceda un resultado en particular.

Las firmas de los dictámenes de las leyes de Bases y Medidas Fiscales les devolvieron el alma al cuerpo a los legisladores y funcionarios libertarios que trabajaron las últimas semanas para garantizar que esas normas que ya tienen media sanción de Diputados se conviertan en ley próximamente.

No pudo ser el 25 de mayo, como había pedido el presidente de la Nación en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, es verdad; pero la disposición que mostró el propio Javier Milei en las últimas intervenciones en las que habló del tema, permitieron relajar la tensión, camino al recinto. Ya sin la presión de conseguir a como diera lugar la aprobación antes de la fecha prevista para el Pacto de Mayo, se ajustaron más las clavijas necesarias para garantizar no solo la aprobación en general, sino también -y muy especialmente- que el debate en particular no termine siendo una “carnicería” para los textos puestos a consideración.

Tal cual informara oportunamente este medio, los legisladores libertarios que participaban de las discusiones tenían especial preocupación por conseguir las firmas para el dictamen que, remarcaban, garantizarían la posterior aprobación en general.

El miércoles 29 de mayo, fecha clave para el dictamen, hubo cierta zozobra en el seno del oficialismo a medida que los discursos postreros expresados en el plenario mostraron resquicios que abrieron fuertes dudas en el oficialismo. Así las cosas, el flamante jefe de Gabinete -designado, mas no oficializado- se apersonó una vez más en el Congreso para conceder las ¿últimas? concesiones que permitieran firmar el dictamen de mayoría.

A lo largo de esa jornada, el santacruceño José María Carambia había abierto un mar de dudas al anticipar en su discurso la posibilidad de emitir su propio dictamen. Luego oficializó esa postura a través de una nota que le envió al titular de la Comisión de Legislación General, en la que le expresaba que teniendo en cuenta que el dictamen elaborado por el oficialismo no incluía ninguna de las propuestas que él había solicitado, y considerando que él estimaba que “algunas cuestiones específicas del proyecto deben mejorarse”, estaba trabajando en la elaboración de “un dictamen propio que se presentará oportunamente integrando el texto original con las propuestas de cambios, modificaciones y agregados que considero relevante hacer respecto del proyecto ley de Bases”.

A ese anuncio le siguió el de Martín Lousteau confirmando que él también elaboraría un dictamen propio. Al presidente del radicalismo, con el que semanas atrás se buscó abrir un canal de negociación, ya no le ofrecieron nada. Sí al santacruceño, al que le concedieron una suba en la percepción de las regalías mineras provinciales del tres al cinco por ciento. Fue suficiente para asegurarse ese voto clave.

También durante esa jornada se habían garantizado el voto en disidencia del entrerriano Edgardo Kueider, quien fue además durante este plenario una de las cabezas visibles al frente del debate, por ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entre las llaves que habrían inclinado finalmente el apoyo con disidencias del senador de Unidad Federal estaría la aceptación de que la represa de Salto Grande pase a ser administrada por la provincia de Entre Ríos. El insistirá además con una obsesión que tiene para eliminar la carga impositiva en las tarifas.

Con todo, al firmar el dictamen, lo hizo “en disconformidad”.

El senador había recibido fuertes presiones en los últimos tiempos, entre ellos la del PJ entrerriano, que salió después a repudiar “enérgicamente” su actitud, deslizando que podrían pedir su expulsión. Incluso el exgobernador y hoy diputado nacional Gustavo Bordet tomó distancia de quien fuera su ladero.

La porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) era la tercera en discordia que el oficialismo necesitaba asegurarse para garantizarse el dictamen. Ella también firmó en disidencia, cuando muchos la daban firmando el dictamen de Lousteau. Ella después justificó su actitud, reivindicando que se opusieron a “callar y votar a libro cerrado”, y se mostró convencida de que habían logrado mejorar la ley.

Las adhesiones para la votación en general

El oficialismo cuenta obviamente con los votos propios de La Libertad Avanza (7), tres de los cuales firmaron el dictamen de la ley de Bases: Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto.

También con los 6 del Pro, incluido el citado de Tagliaferri. Sin disidencias firmaron el dictamen Luis Juez y Carmen Alvarez Rivero.

Los radicales garantizan 12 de sus 13 votos. Incluido el del fueguino Pablo Daniel Blanco, que cumplirá con lo que había anunciado oportunamente: votará a favor en general. Lo dijo en su discurso del miércoles: “Yo represento orgulloso a la UCR y también debo escuchar -más allá de que no sean de mi zona- a los gobernadores de mi partido y las necesidades que ellos manifiestan… Así que bueno, estos son parte de los fundamentos por los cuales yo voy a acompañar en general esta ley Bases, porque me veo obligado por razones esencialmente partidarias, porque si fuera por mi propia decisión no acompañaría”.

También apoyarán, como lo hicieron con el dictamen, la monobloquista tucumana Beatriz Ávila; y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Esta última firmó dictamen.

De los radicales, firmaron en disidencia el presidente del bloque, Eduardo Vischi, y Flavio Fama, Víctor Zimmermann y Pablo Blanco.

También apoyarán las senadoras chubutenses Andrea Cristina, que firmó el dictamen en disidencia, y Edith Terenzi. En este caso habría intercedido el expresidente Mauricio Macri, que habría hablado con el gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres, para asegurar esos votos clave.

Uno de los votos que ofrecía más dudas era el de la neuquina Lucila Crexell, quien firmó también en disidencia, lo mismo que la cordobesa Alejandra Vigo y Guadalupe Tagliaferri.

Otro voto difícil que se garantizaron en el oficialismo -con disidencias- es el de la correntina Mónica Silva.

Se descuenta que el correntino Carlos Espínola votará igual que los dos compañeros del bloque Unidad Federal que él encabeza, Vigo y Kueider. Votará también a favor el presidente del bloque Cambio Federal, el salteño Juan Carlos Romero, que así lo adelantó durante el plenario, donde colaboró bastante con el oficialismo.

Natalia Gadano, la compañera del bloque santacruceño con Carambia, también aportará su voto. Emitido el dictamen, la senadora celebró “la nueva voluntad de diálogo demostrada por el Gobierno nacional para incorporar modificaciones que atiendan los intereses de los santacruceños”. “Este cambio de actitud es un paso positivo hacia la construcción de consensos y el fortalecimiento de nuestra democracia”, afirmó en relación al aumento de regalías mineras. Y adelantó que “continuamos trabajando incansablemente en las negociaciones para mejorar aún más las condiciones para nuestra provincia; es por eso que impulsamos un diálogo abierto y constructivo con todas las partes involucradas”. Eso sí, ya adelantó que no votará la privatización de Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino; el capítulo de reforma laboral, en la ley de Bases; y la restitución del impuesto a las Ganancias en el paquete fiscal.

En este contexto, el oficialismo tiene garantizada la aprobación en particular por 38 votos.

Todo indica que en la negativa se anotarán los 33 miembros del interbloque Unión por la Patria. Incluidos los que más dudas pueden sugerir: la tucumana Sandra Mendoza, muy presionada por su gobernador Osvaldo Jaldo, y el catamarqueño Guillermo Andrada. De esa provincia, donde el gobernador Raúl Jalil se ha mostrado abiertamente a favor de algunos de los aspectos más controvertidos de la ley (el RIGI, por caso) también es la exgobernadora Lucía Corpacci, quien ya aclaró hace tiempo que votará en contra.

En el interbloque que conduce José Mayans se cansaron de asegurar que no tendrán fugas a la hora de la votación en general. Nadie puede asegurar que pase lo mismo en la votación en particular, donde no llamaría la atención que los mencionados legisladores se diferencien del resto en el tema RIGI, y con Ganancias.

Una de las mayores dudas está en la actitud que adoptará Martín Lousteau, quien con dictamen propio está claro que no votará a favor el dictamen de mayoría. Pero muchos ponen en duda que vaya a ser el único voto alineado con los 33 negativos de UP. Probablemente entonces haga como los radicales disidentes que durante el debate en Diputados se abstuvieron en la votación en general, votando en contra luego de todo lo que objetaban en el debate en particular.

La semana extra que se toman para llegar a la votación en el recinto, el 12 o 13 de junio, será para afinar el lápiz garantizándose el oficialismo no sufrir de más en la votación en particular. Y sobre todas las cosas, evitar que en alguno de los temas no consensuados que el oficialismo pueda perder en la votación, el resultado sea por una mayoría especial que les impida revertirlo después en la Cámara baja.