A casi dos semanas de la difusión de la criptomoneda $Libra por parte del presidente Javier Milei, la causa judicial avanza con demoras. La fiscalía evalúa el secuestro de los celulares del mandatario y su entorno, mientras expertos advierten sobre la posible utilización de información privilegiada en el caso.

A pesar del impacto internacional y de las múltiples denuncias presentadas, la investigación sobre la promoción de la criptomoneda $Libra por parte del presidente Javier Milei avanza con lentitud. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la causa, debe decidir si hace lugar al pedido de secuestro de los teléfonos del mandatario, su hermana Karina Milei y el vocero presidencial, Manuel Adorni, con el fin de peritar posibles pruebas clave.


El abogado denunciante, Gregorio Dalbon, criticó la demora en la causa y sostuvo que Milei confesó el delito en una entrevista televisiva. Según Dalbon, el presidente reconoció que difundió el proyecto de $Libra entre privados, lo que considera una violación a la Ley de Ética Pública. Además, el caso podría tener repercusiones en Estados Unidos, donde se han presentado denuncias ante el Departamento de Justicia.


En paralelo, el especialista en criptomonedas Fernando Molina reveló que en las últimas horas se detectaron movimientos de fondos asociados a $Libra por un total de 4,5 millones de dólares hacia nuevas billeteras virtuales. Esta maniobra genera sospechas sobre el posible ocultamiento de pruebas y la utilización de información privilegiada para obtener beneficios económicos.


El Congreso también tomó cartas en el asunto y organizó una reunión en la Comisión de Comunicaciones e Informática, donde expertos en tecnología y finanzas advirtieron sobre la proliferación de esquemas fraudulentos en el mundo cripto. El programador Maximiliano Firtman destacó que el tuit de Milei fue interpretado inicialmente como un hackeo, lo que demuestra la gravedad del episodio.


Por su parte, la periodista Emilce Garzón señaló que detrás del lanzamiento de $Libra hubo actores inexpertos que confiaron en la palabra del presidente, mientras que Santiago Siri, especialista en blockchain, explicó que los movimientos financieros registrados sugieren la existencia de información privilegiada. Según Siri, grandes inversores habrían vendido sus activos en el momento justo para beneficiarse antes de que la moneda colapsara.


Mientras la fiscalía evalúa nuevas medidas, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia fue convocada para colaborar en la preservación de pruebas digitales. Sin embargo, los denunciantes temen que la falta de celeridad en la investigación permita que los principales involucrados eliminen rastros clave, dificultando el avance del proceso judicial.