La intersindical presentó en la justicia entrerriana un amparo para frenar la Resolución que deroga la flexibilización del “tres por uno” a jubilaciones especiales. Además, está en curso otra presentación ante descuentos que se efectúan por la Ley de emergencia solidaria, informaron a AIM.
Los apoderados legales del frente integrado por las asociaciones de Trabajadores del Estado (ATE), del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de Enseñanza Técnica (Amet) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) ingresaron el viernes pasado un aparo para que no se aplique la Resolución 77/20 que derogó las Resoluciones siete y ocho de 2001, que instituyeron una concesión de derechos a favor de los trabajadores que pretendieran acceder a los beneficios de jubilación ordinaria especial, flexibilizando e incorporando el “tres por uno” (compensando tres años de exceso de servicio por uno año de edad) a las jubilaciones especiales, informó a AIM el secretario Gremial de Agmer, Guillermo Zampedri, quien detalló que la presentación cayó en el juzgado donde tramita la acción de inconstitucionalidad por la Ley de emergencia de los jubilados, Civil y comercial nueve, a cargo del Juez Ángel Moia.
Al respecto, el docente remarcó que a los sindicatos no les gusta judicializar la política, pero explicó que “el gobierno no dejó otra alternativa, porque no escucha a los trabajadores”, y consideró que el fallo sería a favor de los trabajadores.
"Es una instancia más en la lucha contra el ajuste por goteo que aplica el gobernador Gustavo Bordet..."
Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos.
Precisamente, para Muntes “ir a la justicia es una parte de la lucha, pero la principal disputa se debe dar en la calle, con los trabajadores movilizados con las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación del Covid-19, porque sabemos que el gobierno viene por todo y no estamos dispuestos a ceder derechos que nos costaron arrancarle a las patronales”.
Ley de emergencia solidaria
Por otro lado, Muntes confirmó que la semana pasada “también se reclamó en la justicia que se declare incumplida la medida cautelar ordenada el 8 de setiembre de 2020 y, en consecuencia, se ordene a la Caja de Jubilaciones y Pensiones que de manera inmediata deje sin efecto la resolución nº 4.484/20 y, en consecuencia, restituya a todos los trabajadores pasivos de la educación, pasivos de la administración pública provincial y municipal a quienes aplicó tal dispositivo, los montos ilegitimamente descontados”.