Aun con un Congreso casi paralizado, el proyecto de ley de monotributo tech, que ya tiene media sanción de Diputados, obtuvo dictamen de mayoría en el Senado y el Gobierno apuesta a que se convierta en ley.

De avanzar, los trabajadores que vendan servicios para el exterior podrán blanquear su actividad y tener ingresos de hasta u$s30.000 al año directamente en sus cuentas bancarias, sin tener que pasarlos por el dólar oficial. La iniciativa genera rechazo en las cámaras empresarias, que insisten en sus críticas y buscarán que no prospere.

El jueves de la semana pasada, Argencon, la entidad que nuclea a las empresas más importantes de la economía del conocimiento, como Mercado Libre o Globant, realizó un cóctel en el hotel Sheraton para festejar sus primeros 10 años. Por allí pasó Juan Manuel Cheppi, actual secretario de Economía del Conocimiento, del Ministerio de Economía. Según pudo saber este diario, empresarios y ejecutivos "lamentaron" la avanzada que tuvo el proyecto, que fue redactado bajo la gestión de su antecesor, Ariel Sujarchuk.

De hecho, cuando se aprobó el monotributo tech en Diputados, el legislador del FdT Itaí Hagman aseguró que hubo un lobby directo del dueño de Mercado Libre para que no saliera. “A pesar del boicot de Marcos Galperin y Juntos por el Cambio, logramos media sanción”, había publicado Hagman en su Twitter.

En Juntos por el Cambio, que públicamente había acompañado el proyecto antes del día de la votación, y hasta algunos firmaron el dictamen de comisión, en el día de la votación terminaron votando en contra o absteniéndose.

Si bien la idea de fondo de cámaras como Argencon es que no se avance con el proyecto de ley, también creen que se podría llegar a un punto intermedio, como por ejemplo, que aplique a ciertas profesiones liberales, como periodistas o gamers que trabajen para el exterior. Pero no para las profesiones vinculadas a la industria de la economía del conocimiento, como pueden ser los programadores.

Otra de las cámaras empresarias que salió muy fuerte en contra del proyecto de monotributo tech fue la Cámara de la Industria del Software (Cessi). En redes sociales, la Asociación Gremial de Computación (AGC), que es el gremio que nuclea a los trabajadores informáticos, publicó un comunicado de Cessi y salió a responder cada uno de sus puntos.

En un comunicado, el Cessi resalta las consecuencias que tendrá el monotributo tech: “Precarización laboral de los colaboradores”, dado que asegura que quienes trabajan para el exterior en vez de hacerlo para una empresa de acá, venden sus servicios, y no tienen una relación de dependencia, por lo que no acceden a aguinaldo, vacaciones pagas, obra social, aportes para la jubilación en Anses o licencias por maternidad.

Además, Cessi plantea que genera una “reducción de ingresos públicos”, dado que estima que los trabajadores que adhieran al monotributo aportarán al fisco el pago mensual del monotributo, que es mucho menos de lo que pagan las empresas impositivamente por tener empleados en relación de dependencia. Otro punto que agregan es que va a significar una “caída de la producción nacional y disminución del ingreso de divisas”, porque aseguran que “se desalienta el desarrollo de software en el país y se fomenta la importación de software producido por argentinos”.

A través de las redes sociales, el gremio de los informáticos, que está a favor del proyecto, contestó que hace años que reclaman por sentarse en una mesa con los empresarios y “garantizar todos los derechos laborales” a través de un convenio colectivo, pero “Cessi se niega a este diálogo”, indicaron. “Es vergonzoso afirmar que la formalización de los autónomos es sinónimo de precarización laboral. Hoy, ante la brecha cambiaria, un contractor no puede blanquear sus ingresos, ¿cómo justifica la compra de un auto? El mono tech en ese sentido es una ayuda”, contestaron.

Es que el proyecto de ley plantea un esquema tributario para que las personas que trabajen para el exterior puedan adherirse a un monotributo en 3 categorías de ingresos distintas, de u$s 10.000, u$s 20.000 y u$s 30.000 por año. Eso les permitirá tener sus ingresos facturados y en blanco, pagar los impuestos, tener obra social y aportes a la jubilación. Así, el Estado, además de querer formalizar lo que distintos economistas llaman “una nueva informalidad próspera”, tiene un objetivo macroeconómico: que esos dólares que hoy ingresan por “cuevas” con elevadas comisiones del 8%, o vía tarjetas Payoneer, pasen por el Banco Central.

La actualidad del proyecto es que ya tuvo media sanción de Diputados y ahora logró dictamen en el Senado, pero todavía le falta ser votado. Juntos por el Cambio anticipó su rechazo. El senador radical Juan Carlos Martínez aseguró que el problema de este sector que se mueve en la informalidad se da por la “anormalidad” del cepo, la brecha y los distintos tipos de cambio, y que va a solucionarse “a partir del 10 de diciembre”. Los equipos económicos de JxC apuntan a bajar la brecha y unificar el tipo de cambio como parte de un plan de estabilización.