Tras la muerte de cinco integrantes de una familia en el barrio porteño de Villa Devoto, la diputada nacional Micaela Morán (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para declarar de interés público la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono (CO) en todo el país, informó AIM.

La iniciativa, según pudo saber esta Agencia, apunta a atacar el problema desde varios frentes. Propone obligar a fabricantes e importadores de artefactos a gas a incorporar llaves disyuntoras capaces de cortar el suministro si se detectan niveles peligrosos de CO. Además, contempla la instalación obligatoria de detectores en edificios públicos, campañas de concientización y líneas de crédito para adecuar instalaciones domiciliarias.

El drama que impulsó el proyecto ocurrió el 1º de julio, cuando un vecino advirtió una situación anómala en la vivienda ubicada en Sanabria 3768. Al ingresar, los servicios de emergencia encontraron a cinco personas sin vida: un matrimonio de adultos mayores, su hijo, la pareja de este y una niña de cuatro años. Las muertes se atribuyeron a una fuga de monóxido de carbono, constató AIM.

“El CO es el ‘asesino invisible’ porque es inodoro, incoloro y no irrita. Cada año mueren unas 200 personas en el país por esta causa, todas evitables con medidas adecuadas”, advirtió Morán en los fundamentos del proyecto, al que accedió AIM. Solo en 2023, se registraron más de 40.000 casos de intoxicación por CO, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

El texto también prevé beneficios fiscales para las empresas que fabriquen artefactos con los nuevos estándares y un esquema de inversión estatal sostenida en investigación y desarrollo. Supo AIM que se cita como ejemplo una llave disyuntora desarrollada por el Conicet en Mar del Plata, que corta el suministro de gas automáticamente al detectar el gas tóxico.

La propuesta retoma el espíritu de iniciativas anteriores que no prosperaron en el Congreso y se inspira en experiencias internacionales, donde el uso de detectores es obligatorio por ley.

Mientras tanto, con la llegada del invierno y el uso intensivo de calefactores, las autoridades sanitarias reiteran las recomendaciones: revisar anualmente las instalaciones, ventilar los ambientes y evitar métodos de calefacción inseguros como braseros o hornallas encendidas.

El caso de la familia De Nastchokine, que conmocionó al país, volvió a poner en evidencia una deuda estructural: la falta de políticas públicas sostenidas para prevenir una amenaza silenciosa que, año tras año, sigue cobrándose vidas.