La Multisectorial por los Humedales de Paraná realizó una caravana contra la adhesión de Entre Ríos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), ya que “significa una sentencia de muerte para nuestros ecosistemas y quienes vivimos en ellos, principalmente entendiendo de que es la misma matriz extractivista que se viene sosteniendo desde los '90”, contó a AIM Enzo Culasso, integrante de la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas (Aadeaa) y el Colectivo de Acción por la Justicia EcoSocial (Caje).


La concentración se realizó en Casa de Gobierno y, de allí, la columna marchó en caravana hasta la costanera de la ciudad, “donde se entregaron panfletos, para que la gente se entere qué significa la adhesión al Rigi y la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Nuevas Inversiones (Rini) para nuestro territorio”, contó Culasso.

En ese marco, explicó que se eligió para la acción el 1 de agosto, ya que este día pero en 2020 “se hizo la primera movilización para visibilizar los incendios catastróficos en todos los ecosistemas del Paraná, principalmente las islas y los humedales; y hoy a cuatro años la situación no cambió mucho, más bien se agravó”, y agregó: “Lo que nos encuentra hoy, principalmente, es el rechazo a la adhesión provincial al Rigi, ya que el poder Ejecutivo de Entre Ríos presentó un proyecto de Ley que plantea adherir a este régimen, aprobado en la Ley Bases, y también plantea crear el Rini, que además de los beneficios que ya trae el Rigi este le otorgará exenciones en los impuestos y tasas provinciales y también la posibilidad de descontar el pago de servicios como gas o electricidad”.

En ese marco, el activista aseguró la adhesión “significa una sentencia de muerte para nuestros ecosistemas y quienes vivimos en ellos, principalmente entendiendo de que es la misma matriz extractivista que se viene sosteniendo desde los '90 y que son una serie de falsas soluciones que han incumplido la totalidad de las promesas que se dijeron en aquel entonces para imponer la megaminería y el modelo de cultivos transgénicos adictos a venenos, y que hoy se pueda expandir ese modelo hacia otras áreas, como el área de turismo o lo forestal es realmente un gran riesgo porque sabemos que las leyes ambientales no se vienen cumpliendo y más bien se están promoviendo leyes que van totalmente en contra de los preceptos de nuestra Constitución provincial y de las normas que protegen el ambiente”.

“Por eso también rechazamos la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas, o la mal llamada Ley de Fitosanitarios, que se está debatiendo en la Legislatura provincial, como también la privatización o mercantilización de las tierras públicas en el Delta en base a este proyecto de ley también enviado por el poder Ejecutivo provincial a la Legislatura y que plantea crear una Agencia Administradora de Bienes Muebles del Estado provincial”, apuntó.