Sin previo aviso, el gobierno de Javier Milei resolvió cortar por decreto la transferencia de fondos para cajas jubilatorias a trece provincias, entre ellas, Entre Ríos. La decisión derivará en nuevas presentaciones judiciales: ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia.

El resultado de esta acción no anunciada de Milei es que vuelven a sobrevolar los fantasmas sobre la voluntad de cerrar un pacto político.

El modo en que naufragó la primera entrega de la Ley Ómnibus y la reacción posterior de Javier Milei alimentaron la idea -forzada por el discurso oficialista aunque a contramano de las horas de negociaciones gastadas en Diputados y por vías reservadas- de una jugada con único objetivo: mostrarse como expresión excluyente de cambio y exponer al resto completo de la política como la “casta” que bloquea el camino para salir de la crisis.

El Gobierno dio después señales de reconsiderar su escalada. ¿Es parte del juego por momentos vertiginoso para desarrollar una estrategia que le permita ganar tiempo? ¿O supone el reconocimiento del efecto negativo causado por una gestión nueva que no termina de hacer pie políticamente?

El caso de los recortes a las provincias es especialmente llamativo y acaba de agregar una decisión que, de mínima, sorprende porque era un tema en conversación y porque afecta a un conjunto de distritos de variado color político. Visto así, constituye un mensaje a jefes provinciales de la oposición dura y a los que se vienen sentando en la mesa de negociación.


De las 13 provincias afectadas por el decreto que elimina el envío de fondos para jubilaciones, cinco mantienen la marca de JxC (Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Chubut y Corrientes), cuatro están alineadas con el peronismo/kirchnerismo (Buenos Aires, Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego), tres están en manos de espacios locales (Misiones, Neuquén y Santa Cruz) y la restante es territorio del PJ no K (Córdoba).

El malestar, al menos como primera reacción -en algunos casos pública y en muchos, de manera más reservada-, está relacionado precisamente con el estado de las negociaciones entre las provincias y el gobierno nacional. Según explican fuentes al tanto de esas conversaciones, se venía hablando de sumar el tema al acuerdo fiscal que debería acompañar la Ley Bases. Y, desde el inicio, había quedado planteada la conveniencia de una auditoría para determinar la situación real provincia por provincia.

Lo que está en discusión, de hecho, no es sólo el sistema de sostenimiento de las cajas de jubilación en esos trece distritos, sino además una deuda heredada de la etapa de Alberto Fernández. El problema no es nuevo en ningún sentido. No pudo ser saldado de fondo con Cristina Fernández de Kirchner, se puso en marcha un mecanismo de compensación a cargo de la ANSES en la gestión de Mauricio Macri y añadió cuentas pendientes en el anterior gobierno.

En estas horas, hay intercambio de opiniones entre los más afectados. Por lo pronto, asoma como un punto de tensión para la cita que, si no hay cambio de planes, reunirá el jueves próximo a los gobernadores que conservan la marca de JxC y a sus interlocutores habituales: Guillermo Francos, Nicolás Posse y algún funcionario de Economía.

El impacto en ese conjunto de distritos es de hecho disímil. Afecta los ingresos de las cinco provincias referidas, pero no es indiferente para el resto (Caba, Mendoza, Jujuy, San Juan y San Luis) porque tienen reclamos propios. Lo vienen exhibiendo encuentros regionales -Patagónicos y Norte Grande- y contactos individuales, como el que mantuvo Jorge Macri y el ministro del Interior. En todos los casos, la cuestión de fondo es cuánto se acercan o se alejan de un entendimiento de “alivio” fiscal, que ya viene complicado en puntos decisivos como la modificación de Ganancias.

En principio, Santa Fe anticipó una de las posibles derivaciones de este nuevo recorte. Funcionarios de la gestión de Maximiliano Pullaro anticiparon la posibilidad de un reclamo judicial. No sería una novedad absoluta: otras podas de fondos a las provincias ya motorizaron planteos similares, con destino final en la Corte Suprema. Y ese es un tema en sí mismo: es sabido el disgusto frente a la suma de temas que llegan al máximo escalón judicial por falta de solución política.
El dato
Desde la asunción de Milei esas transferencias no se realizan y venían siendo reclamadas.

La decisión derivará en nuevas presentaciones judiciales: ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia.

Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno a provincias de distintos signos políticos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley.

Desde enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley. Los mandatarios de las jurisdicciones afectadas están dispuestos a ir a la Justicia por el tema.

Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias.

Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió.