El Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amilcar Luciano García, “está buscando afanosamente y desde hace un buen tiempo que le promuevan un Jury de Enjuiciamiento”, afirmó a AIM el ex presidente del Colegio de Abogados (Caer) Paraná, Rubén Pagliotto, quien indicó que en este momento existen dos causales que darían pábulo a la promoción de un Jury: “impunidad al fiscal de Nogoyá Federico Uriburu y alzarse lisa y llanamente contra las Constituciones Nacional y Provincial y la Ley 10.746”.
Pagliotto, consideró que “en este momento existen claramente dos causales que darían pábulo a la promoción de un Jury contra el Procurador: por asegurarle impunidad al fiscal de Nogoyá Federico Uriburu, denunciado por violencia de género por una colega del foro de aquella jurisdicción , al trasladarlo manu militari y a una meteórica velocidad a la UFI de Rosario del Tala para evitar el escarnio del Fiscal interino (fue puesto alli por el dedo acomodaticio del Procurador Garcia) por esta y otras varias tropelías y heces del joven alguacil, que le han quitado toda legitimidad a su permanencia en tan estratégico y sensible lugar; por alzarse lisa y llanamente a través de la IG 02/2020 FC contra las Constituciones Nacional y Provincial y la ley 10.746 que instituye con carácter obligatorio el juicio por jurados para ciertos crímenes como lo son el femicidio y otros contra la integridad sexual, oponiéndose a su realización en el entendimiento propio y soberbio de los iluminados, que la ciudadanía no letrada carece de atributos intelectuales como que no están libres de prejuicios y distorsiones ancestrales- para comprender y juzgar determinados presuntos delitos, como por ejemplo el de Fátima Acevedo o Julieta Riera”.
En ese marco, apuntó que García “puede y está en todo su derecho de manifestar una cerril oposición a los juicios por jurados, algo que está muy claro en su ínfimo círculo del MPF desde el mismísimo día en que se comenzó a explorar esta modalidad de juzgamiento, que debo decir, sin ambages, se adapta como ninguna otra a nuestro diseño constitucional originario, tanto en el orden nacional como provincial. Es claro y prístino que ese “disenso” del Sheriff Mayor, más allá de que trata de edulcorarlo con patrañas berretas de ningún valor académico ni factual, está dentro de la dinámica propia e inherente a la democracia y por lógica consecuencia, al debate libre de ideas y posturas propias de un estado constitucional de derecho”, pero aclaró: “Otra cosa muy distinta y que adquiere gravedad institucional inusitada y no podemos callar ni hacernos los distraídos (como el 90 por ciento de nuestra clase política), es el deletéreo nivel de desacato y conspiración contra las mandas constitucionales y la Ley 10.746, que ha emprendido con un descaro inadmisible, elistista, falaz y repugnante el jefe de les fiscales entrerrianos, garante primario de la lagalidad, por imperio constitucional”.
García y sus fiscales “están incitando a alzarse contra la vigencia de una norma positiva y vigente que, mal que le pese al comandante del ‘micaelómetro’ y depositario de todos los conocimientos de la especie humana (como él mismo se considera, más una circunstancial clake que lo venera fanáticamente), debe cumplir acabadamente. Como ya le he dicho y hoy reitero, si no le gustan ciertas leyes, que libere su cargo de fiscal-maxime que ya tiene edad para acogerse al beneficio jubilatorio- y se dedique abierta y lealmente a la actividad política, a la que desde hace algunos años “le ha entrado”, con indisimulables desaciertos y falta de oficio”.
Les fiscales, Garcia, “no están para oponerse a ninguna Ley ni manda constitucional. Muy otras son sus funciones, las que por otra parte muches deberían cumplir con mayor eficiencia y dedicación. Es lamentable que, salvo el ex Senador Raymundo Kisser, con quien compartimos un artículo sobre el tema, nadie haya dicho “esta boca es mía”. Pareciera que esta ley 10.746-aprobada por unanimidad en sendas Cámaras- de la que nos sentimos auténticamente orgullosos- hubiese entrado en vigencia por generación espontánea o fuera el capricho de algunos letrados juradistas, extraviados por árcanos andariveles de legislaciones extrajeras, allende los mares”.
“Las evidencias mayores de ambas causales de remoción por Jury de Enjuiciamiento, que constituyen claros e inexcusables desórdenes de conducta, están a la vista de propios y extraños. Al menos, para no exhibirnos como tan despreocupados, deberíamos advertir al titular de la Procuración de que está pasando la raya y que todo tiene un límite. Al menos que no diga que no se lo advirtieron y a tiempo “, dijo el abogado.