El Foro Entrerriano de Discapacidad advirtió que las instituciones como la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), San Francisco de Asís y la obra Don Uva peligran ante los recortes que ejecuta el gobierno nacional en las partidas para atender discapacidad y la falta de pago de obras sociales. Las instituciones tuvieron que despedir a trabajadores, informaron a AIM.

Estos casi cuatro años de repliegue del Gobierno Nacional en políticas de contención social desbastó a organizaciones no gubernamentales que ayudan al Estado a garantizar derechos (educación y rehabilitación en centros de día y terapéuticos). La lógica es la misma para toda la trama social: ajustar sobre los más vulnerables.

El problema es la combinación explosiva de una lógica utilitarista con una neoliberal mercantilista que considera la garantía de derechos como un servicio que se puede recortar sobre sujetos que re-estigmatiza al considerarlos fungibles por su nivel de producción.

Desde hace tiempo el Gobierno Nacional no paga como corresponde las partidas del programa Incluir salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y mantiene desfasados las partidas, variables centrales en la crisis que pasan las organizaciones no gubernamentales que en lo que van del año tuvieron que despedir a 27 trabajadores (ocho en Don Uva, 11 San Francisco  y ocho en Apana).

“Nación dice que cubren las prestaciones y nosotros le explicamos que no, que no llegan y, a eso hay que sumarle, que  los aranceles y montos no alcanzan, es decir, no son acordes el momento histórico en el que vivimos, ya que la inflación y aumento de sueldos de los trabajadores hacen que no ya no podamos llegar a fin de mes”, indicó a esta Agencia la titular de Apana, Cristina Ripari.

En ese sentido, el asesor legal de Don Uva, Joaquín Gareis, remarcó que “la actualización de los aranceles fue muy exigua; el año pasado fue de un 18 por ciento frente a una inflación de un 47 por ciento y este año fue de un 15 por ciento y la inflación supera ese porcentaje, lo que genera un ‘bache’ económico que no tenemos forma de afrontar de otra manera salvo que iniciemos un proceso de reestructuración como el que hoy le toca llevar adelante a San Francisco, Apana lo viene haciendo desde hace un año y medio y Don Uva desde enero”.

“Hoy no tenemos la posibilidad de ver qué vamos a pagar, porque antes teníamos un ahorro para cubrir los gastos corrientes  y ahora dependemos exclusivamente de lo que ingresa por las obras sociales”, indicó a esta Agencia  Silvia Pasquet, integrante de la cooperadora de la cooperadora de San Francisco de .

“En estos 40 años nunca vivimos una situación como la que estamos pasando hoy que es super difícil”, remarcó María Delia Rubinetti, fundadoras de San Francisco de Asís, quien precisó que hay problemas para pagar sueldos, por lo que toda la información se elevó al Ministerio de Trabajo.

Además, indicaron que otro factor que afecta a Don Uva y San Francisco es que no están bajo convenio con el Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) y solicitaron al Directorio Obrero incorporados en la nómina de prestadores pero, hasta el momento, no hubo respuestas.

Ante el escenario es distópico y la falta de respuestas (de los Estados) las instituciones apelan a la solidaridad o “caridad” de otros ciudadanos y empresas privadas para poder sostenerse, sin saber si sus puertas permanecerán abiertas en diciembre.