El bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, que reformó la Ley de Migraciones 25.871 y que según la bancada, promueve la “xenofobia” y la “estigmatización”, supo AIM.

El FPV pide derogar decreto migratorio por “xenófobo” y “estigmatizante”

 

Según pudo saber AIM, el decreto que el kirchnerismo pretende derogar fue firmado en enero de 2017, pero no está operativo porque la Sala V de la Cámara en los Contencioso Administrativo Federal lo frenó en marzo de este año.

AIM tuvo acceso al documento del FPV, donde fundamenta que el DNU “vulnera los derechos de las personas migrantes, legisla en materia penal -lo que está prohibido en nuestra Constitución- y modifica de manera restrictiva la Ley 25.871, que puso a la Argentina en un lugar de vanguardia en nuestro país”.

Además, advierten que  fue firmado “sin que se presenten las condiciones de excepcionalidad previstas en el artículo 99 inciso tres de la Constitución Nacional”.

Entre otras cosas, se acotaron los tiempos para expulsar a extranjeros con causas o con antecedentes penales; se endurecieron las condiciones para su ingreso y permanencia; y se elevaron los requisitos para acceder a la ciudadanía argentina.

Para el Frente para la Victoria-PJ, este DNU “es regresivo en materia de derechos humanos de las personas migrantes”.

La postura de la Sala V

Los jueces consideraron que el decreto “no solo constituye una apropiación de facultades legislativas sin causa constitucional que la legitime, sino que también recoge en su articulado soluciones que son incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos que forman parte de las condiciones de vigencia de los instrumentos internacionales en la materia”.

 

Sobre la reforma de la ley de Migraciones utilizando un decreto de necesidad y urgencia, el voto mayoritario consideró que no estaban dados los requisitos que exige la Constitución Nacional para justificar que el PEN asuma las facultades del Congreso. En particular, respecto al argumento del gobierno de que una supuesta “emergencia en seguridad” justificaba la reforma, los jueces sostienen que “el decreto no expone razones válidas -dadas las deficiencias que presenta en el análisis de las estadísticas- para sostener la necesidad inmediata de modificar la ley eludiendo la participación del Congreso mediante el procedimiento legislativo ordinario.”

 

Al mismo tiempo, los jueces consideran que las reformas que el DNU introdujo en la ley de Migraciones vulneran la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las personas migrantes. La sentencia se refiere específicamente a los tiempos acotados del trámite de expulsión express, a las retenciones preventivas de personas migrantes y al riesgo de que se conviertan en una detención arbitraria y a la afectación del derecho a la unidad familiar.