La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley por el que se prohibirá “la portación, tenencia y transporte del arma de dotación, a los efectivos de la Policía de Entre Ríos y de la Dirección General del Servicio Penitenciario, en los casos en que hayan sido denunciados por violencia de género o violencia intrafamiliar”. El texto pasó en revisión al Senado, registró AIM.

En la novena sesión de la Cámara Baja se aprobó la iniciativa que pretende desarmar que pretende desarmar a policías y personal penitenciario denunciado por violencia de género o familiar, “cuando sea considerado aconsejable en virtud de las circunstancias y gravedad del caso, y con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes”.

El proyecto lo defendió en el hemiciclo la autora, Ayelén Acosta, quien señaló que la idea “es regular tanto la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación del personal policial o penitenciario, como el pase, traslado o cambio de destino de dicho personal, en los casos en que exista denuncia por violencia de género o violencia intrafamiliar”.

En ese sentido, argumentó que el flagelo de la violencia de género, que cotidianamente sufre la sociedad, “interpela a los distintos poderes del Estado a elaborar las políticas públicas tendientes a enfrentarlo de una manera efectiva y coordinada. En particular, en los últimos meses, el femicidio de la joven Úrsula Bahillo, asesinada en la localidad bonaerense de Rojas por su exnovio, Ezequiel Martínez, un efectivo policial sobre el que ya pesaban 17 denuncias por violencia de género, evidenció la urgente necesidad de debatir la problemática de los delitos de violencia de género o violencia intrafamiliar cometidos específicamente por agentes de las fuerzas de seguridad”.

Al respecto, recordó que la necesidad de la regulación ya había sido advertida en el Plan Nacional de Seguridad para la Reducción de Femicidios, aprobado el 5 de noviembre de 2019, mediante Resolución Nº 999 del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la entonces ministra Patricia Bullrich. Respecto a la tenencia y portación de armas, el documento plantea que, de acuerdo a las estadísticas, está comprobado que “la presencia de armas de fuego en el hogar aumenta potencialmente el riesgo de que ocurra un femicidio. […]En otras palabras, la presencia de armas de fuego en el hogar contribuye a mantener una cultura íntima de violencia”.

En Entre Ríos, ya existen normativas que disponen la restricción de armas reglamentarias para el personal de la Policía de Entre Ríos denunciado en casos de violencia de género o intrafamiliar: la Resolución D.A.I. N° 820, de fecha 08-11-2016, y la Circular General N° 002/17, de fecha 31-05-2017, sin embargo “en mi opinión, es fundamental que esta regulación alcance el rango de Ley, basándose en los mencionados instrumentos”, fundamentó la legisladora.