El Gobierno nacional anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de un total de 105 que hay en todo el país, lo que “significa discontinuar una política pública federal transformadora destinada a garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de nuestra población, sostenida durante años”, dice el proyecto que ingresó a Diputados y al que tuvo acceso AIM.

El texto, al que tuvo acceso AIM, supone una poda del 77 por ciento a estos espacios multidisciplinarios de atención legal y social gratuita, que están en barrios vulnerables o zonas rurales donde no hay casi presencia del Estado.

En ese sentido, la iniciativa, autoría de la diputada Varinia Lis Marín (UxP, La Pampa) expresa “profunda preocupación por el anuncio de cierre de ochenta y un (81) Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, en una decisión de gobierno que significa discontinuar una política pública federal transformadora destinada a garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de nuestra población, sostenida durante años”.

En ese sentido, argumenta que “los derechos deben gozar de ejercicio efectivo por parte de los habitantes. Para ello, lo primero que se precisa es un modo de acceso a tal ejercicio, una herramienta que garantice el acceso concreto al servicio de justicia cada vez que se haga necesario. Solo cuando el acceso a la justicia es universal –es decir, alcanza a todos los habitantes–, puede considerárselo como una pieza clave de la igualdad y, por tanto, de la democracia”.

El acceso a la justicia “se volvió una problemática a medida que la desigualdad se acrecentó en nuestras sociedades, producto de una compleja trama de factores políticos, socioeconómicos y socioculturales. Altos niveles de pobreza combinados con la imposibilidad de acceder a la educación universal conducen, irremediablemente, a la disminución en el acceso a la justicia. En este contexto, es necesaria la intervención efectiva del Estado, procurando que el acceso a la justicia se desarrolle para promover condiciones de igualdad”.

Durante los últimos años, voces de referentes o dirigentes barriales, sociales, religiosos, políticos o territoriales insistieron sobre el problema ante instancias estatales, y en particular, ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se solicitaba la presencia de asesorías legales permanentes en los barrios que identificaran necesidades y promoviesen el acceso al ejercicio efectivo de derechos ante las diversas situaciones de vulnerabilidad. Fue entonces, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación envió un equipo de abogados para brindar asesoramiento legal gratuito en una iglesia barrial.

No obstante, el trabajo diario permitió evidenciar otras demandas sociales, como el acceso al derecho a la identidad (muchas personas del barrio no contaban con DNI), problemáticas de índole migratoria, entre otras. Se llegó a la conclusión, entonces, de que se necesitaba con urgencia, la presencia de un equipo interdisciplinario de profesionales para dar una respuesta de asistencia integral en los barrios más vulnerables.

Así fue que se encaró, como necesidad imperiosa, la implementación de políticas que garanticen la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley –y, por ende, el acceso a la justicia–, comenzando con acciones dirigidas especialmente hacia aquellos y aquellas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad.

En 2010, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, inauguró el primer Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en la Villa 31 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un equipo interdisciplinario de profesionales. Progresivamente, esa primera iniciativa se fue replicando en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, lo que permitió desplegar una verdadera red de centros interconectados por un sistema informático.

Estos CAJ se fueron constituyendo como dispositivos territoriales que, integrados por personal administrativo, abogados, psicólogos y trabajadores sociales, funcionan en los barrios de mayor vulnerabilidad: atienden consultas y detectan situaciones a atender, brindan asesoramiento jurídico y/o administrativo, asistencia psicosocial, mediación comunitaria, entre otras tareas.

Hacia el año 2023, existían ciento diez (110) CAJ distribuidos por todo el país, con unas 500 personas trabajadoras. Se trató de una política que respondía a una concepción del acceso a la justicia como instrumento que materializaba, de manera unificada, la acción estatal, y por ello resultaba capaz de multiplicar el impacto y garantizar una intervención eficaz respecto de los sectores más vulnerados de la sociedad.

“Desafortunadamente, en junio del corriente el gobierno nacional comunica el cierre de 81 CAJ, que se suman a los cinco que habían sido cerrados previamente. Quedarán funcionando, entonces, sólo 24. El cierre de estas oficinas promete sumar centenares de despidos a los 120 ya registrados en el área hasta la fecha”, indica el texto.