Ingresó en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de Ley por el que se busca establecer capacitaciones obligatorias en salud mental para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Entre Ríos, desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos, confirmó AIM.

La iniciativa la presentó la diputada Silvia Moreno, quien explicó que es necesario “promover, garantizar y establecer la capacitación obligatoria de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 su Decreto Reglamentario N°603/2013, y la adhesión provincial a los mismos a través de la Ley N°10.445 a quienes se desempeñen en la función pública”, para evitar la discriminación, ya que “genera una mirada negativa sobre las personas con padecimiento mental”.

En ese marco, tiene como objetivos visibilizar las problemáticas de salud mental, con la finalidad de que el universo destinatario de la capacitación no promueva acciones estigmatizadoras ni discriminatorias y actúen con un adecuado abordaje ante las situaciones específicas; sensibilizar al universo destinatario para que adquieran conocimientos apropiados en pos de resolver correctamente situaciones problemáticas desde el paradigma de derechos humanos; y brindar acompañamiento y contención a las personas que presentan problemáticas de salud mental, para su derivación oportuna al dispositivo correspondiente.

“Modificar la mirada es fundamental para que las personas que lo sufren puedan integrarse en la sociedad, pero, asimismo, para que los profesionales involucrados cuenten con la capacitación y herramientas suficientes para su correcto abordaje”, argumentó la legisladora.

Asimismo, destacó que el proyecto “implica que la atención en salud mental no esté centrada únicamente en las principales ciudades donde existe mayor concentración de profesionales, sino que por el contrario, busca incorporar una perspectiva provincial integrada, con el objetivo que las personas accedan desde las distintas localidades a una atención adecuada y que a través de una red integrada de atención se puedan brindar respuestas oportunas articulando intersectorialmente”.

La iniciativa “tiene como finalidad contribuir a la descentralización de los servicios de salud mental y que se garanticen aspectos centrales como buenas prácticas respecto de las medidas no coercitivas, la inclusión de la comunidad y el respeto de la capacidad jurídica de las personas, es decir, el derecho a tomar decisiones sobre su tratamiento y su vida”.

Con la difusión de los contenidos de la Ley, “se pretende despejar algunas erróneas o malintencionadas interpretaciones que se hizo de este paradigma de la salud mental desde el enfoque comunitario y de derechos humanos, según las cuales el cambio del modelo centralizado en la institucionalización implica una desatención de estos padecimientos”.