Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para poner en marcha el Instituto Provincial de Defensa del Consumidor y Fiscalización Comercial (Iapco), para fortalecer la efectividad en el control, la fiscalización y la imposición de sanciones frente a comportamientos que violen la normativa relacionada con la lealtad comercial y la defensa de los derechos del consumidor, confirmó AIM.

La iniciativa la presentó la diputada Carina Ramos. El texto establece que el Iapco será la autoridad de aplicación exclusiva y excluyente de las leyes nacionales y provinciales relacionadas con el comercio interior como la de Metrología Legal, de Abastecimiento, de Lealtad Comercial, de Defensa del Consumidor, de Tarjetas de Crédito y de grandes superficies comerciales.

El texto, amplia la función de la actual Dirección de Defensa del Consumidor, que actualmente depende de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Producción de Entre Ríos. Al respecto, Ramos argumentó que la legislación “busca establecer una institución que funcione como autoridad de aplicación, pero con un ámbito de acción mucho más amplio, con el propósito de fortalecer la efectividad en el control, la fiscalización y la imposición de sanciones frente a comportamientos que violen la normativa relacionada con la lealtad comercial y la defensa de los derechos del consumidor”, por lo que “se establecen un conjunto de reglas para el trámite de los procedimientos conciliatorios o sancionatorios, además de integrar las modificaciones y avances legislativos en materia de derecho del consumidor”.

Como autoridad de aplicación, el Iapco “podrá elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor y al ordenamiento de los mercados provinciales, a favor de un consumo sustentable y a la protección del medio ambiente, mediante el dictado de las resoluciones pertinentes; recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores y de los demás legitimados previstos en la normativa vigente; disponer la realización de inspecciones y pericias; solicitar informes y opiniones a entidades públicas y privadas, provinciales y nacionales; disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración de audiencias con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos, consultores y peritos; y llevará un Registro de Infractores”.

Prácticas abusivas
Por otro lado, el proyecto reafirma que se considerará “práctica abusiva y contraria al trato digno de los usuarios y consumidores la demora que someta a un tiempo mayor de 30 minutos en espera en las cajas habilitada para cobros y pagos; la espera en condiciones de incomodidad que obliga a soportar las inclemencias climáticas a efectos de ser atendidos en su requerimiento; la falta de sanitarios de acceso libre y gratuito a disposición de los concurrentes; tiempo de espera superior a los 60 minutos para ser atendido, aun cuando se provea de asientos, existan instalaciones sanitarias y el orden de atención sea según talón numerado”.

Defensa del consumidor en Argentina
Cabe recordar que los cimientos de la defensa del consumidor en Argentina tienen sus raíces en la labor doctrinaria que se desarrolló a partir de la década de los ochenta. Este esfuerzo intelectual culminó en la generación de estudios relevantes sobre el tema, valiosas recomendaciones emanadas de congresos y jornadas especializadas, así como en la presentación de diversos proyectos. La consolidación de este proceso se materializó en octubre de 1993, cuando el Congreso de la Nación logró alcanzar el consenso necesario para aprobar la Ley 24240, que sentó las bases de la "Defensa del Consumidor" en el país.

La creación de este nuevo sistema legal representó un hito importante en la legislación vigente, ya que otorgó a los usuarios y consumidores una serie de derechos fundamentales. Además, la reforma constitucional de 1994 profundizó aún más esta protección al incorporar en el artículo 42 un reconocimiento explícito de los derechos de los consumidores y usuarios en las relaciones de consumo.