Ingresó este lunes un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de Entre Ríos que propone la creación de una Fiscalía Anticorrupción, la cual estaría a cargo de un fiscal perteneciente al Ministerio Público. El texto, al que pudo acceder AIM, detalla “la necesidad de reglamentar el artículo 208° de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos", donde se establecen las pautas para la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública.

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El proyecto de ley ingresado lleva la firma del diputado Gustavo Zavallo, y postula como “hecho de corrupción” a “todo acto realizado por un funcionario público o por un agente dependiente de la administración pública provincial, en beneficio propio o de terceros, que importe el menoscabo de un bien público”.

En este marco, fija en su artículo primero que “la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública, prevista en el artículo 208° de la Constitución Provincial”, esté a cargo “de un Fiscal del Ministerio Público, titular de la Fiscalía Anticorrupción”.

Asimismo, define que esta dependencia se ocupará de los hechos de corrupción acontecidos en todo el territorio provincial: "Tendrá asiento en la ciudad de Paraná pero competencia en todo el territorio de la provincia, por lo que ante un hecho, puede constituirse en cualquier ciudad o localidad para tomar intervención in situ en los hechos sometidos a su competencia". Las acciones, en tanto, estarán dirigidas tanto por el fiscal general como por dos fiscales coordinadores, todos ellos “inamovibles en su cargo mientras dure su buena conducta”.

En cuanto a las tareas específicas del fiscal Anticorrupción, que el texto resume en 14 ítems, se destacan: facultad para actuar por denuncia o de oficio ante la noticia y/o sospecha de un delito cometido por un funcionario y/o un agente dependiente de la administración pública provincial; investigar la irregularidad de aportes que el Estado provincial realice en casos de sospechas razonablemente fundadas; ordenar pericias e informes técnicos, los cuales deben ser facilitados sin demora; impartir instrucciones y directivas a funcionarios judiciales y personal a su cargo que sean necesarias y convenientes para el ejercicio de sus funciones; y controlar el desempeño de quienes lo asisten.

“El fiscal Anticorrupción tiene jerarquía de Procurador Adjunto con todos sus efectos”, agrega la norma.

Finalmente, el proyecto también prevé la designación de “una partida especial, dentro de la partida presupuestaria del Ministerio Público Fiscal, destinada a la investigación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública”.

Primer paso

Entre los considerados o fundamentos del proyecto de ley, Zavallo apuntó que se trata de “un primer paso al debate entre los pares de bancada”. En este sentido, apuntó la necesidad de “que se sumen aportes para enriquecerlo", trabajando "de manera responsable y conjunta”.

“La corrupción es un fenómeno que afecta a la sociedad toda. Es un flagelo moral, económico e institucional y un compromiso de quienes detentamos cargos públicos de combatirla”, puntualizó.