Ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley que propone establecer pautas claras para el trámite de los procesos de juicio político. La iniciativa fija procedimientos, plazos y garantías para las denuncias que puedan iniciarse contra funcionarios alcanzados por este mecanismo constitucional, confirmó AIM.
El pedido de juicio político podrá ser presentado por “cualquier persona humana o jurídica” y la comisión legislativa correspondiente deberá expedirse en un plazo breve: tendrá cinco días corridos para emitir un dictamen de apertura o rechazo del proceso.
La propuesta fue presentada por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, Gabriela Lena, quien explicó que la iniciativa surge a partir de experiencias recientes en la Legislatura. “En los últimos dos años nos encontramos con diferentes pedidos de juicios político”, señaló Lena, y recordó que “a finales del 2024 contra la señora vocal del STJ Gisela Schumacher y a finales del 2025 contra la señora vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos Susana Medida de Rizzo”.
El derecho de fondo en este caso constitucional referido al juicio político debe estar respaldado por el derecho de forma o procedimental, falencia que veo en la normativa de esos artículos
Presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, Gabriela Lena.
La legisladora afirmó que la Constitución provincial establece el instituto, pero no regula en detalle el procedimiento. “El legislador al dictar la norma de la Constitución de la provincia de Entre Ríos dejó ciertas lagunas del derecho en cuanto al ‘proceso’ que debe regir y este proyecto viene a reglamentar la normativa utilizando herramientas del propio Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos”, explicó.
La iniciativa también delimita el rol de cada cámara legislativa dentro del trámite. “El proyecto contempla la conexidad entre los organismos de aplicación, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia quien se encarga de la etapa investigativa y luego la Honorable Cámara de Senadores quien dictará una resolución equiparable a una sentencia en un proceso judicial”, detalló Lena.
En los fundamentos del proyecto, la diputada remarcó que los antecedentes recientes evidenciaron la necesidad de una reglamentación más precisa. “Los anteriores juicios políticos han demostrado que la Constitución carece de una norma reglamentaria clara y detallada que garantice los principios y garantías constitucionales”, sostuvo. Entre esos principios mencionó “el debido proceso, la igualdad ante la ley, la defensa en juicio, la presunción de inocencia, la separación e independencia de los poderes, la seguridad jurídica y la independencia judicial”.
Asimismo, precisó que la Constitución no establece procedimientos específicos para varias instancias del trámite. “La norma constitucional carece de una normativa en cuanto a los trámites o procedimientos: como la debida forma para pedir e iniciar un expediente de juicio político, la apertura o no de un proceso investigativo, la forma de las notificaciones en el domicilio real o en el laboral, la forma de contestar la denuncia y/o de ser oído”, enumeró. En esa línea, agregó que tampoco se detallan cuestiones como “el patrocinio legal de un abogado o abogada del foro provincial, los plazos, la etapa probatoria o la resolución final”.
Para Lena, el objetivo del proyecto es completar ese vacío normativo. “El derecho de fondo en este caso constitucional referido al juicio político debe estar respaldado por el derecho de forma o procedimental, falencia que veo en la normativa de esos artículos”, remarcó.
La legisladora indicó además que el texto fue elaborado tomando como referencia normas procesales vigentes en la provincia. “Esta normativa procedimental ha sido confeccionada utilizando de forma comparativa el propio Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Entre Ríos”, señaló.
Finalmente, defendió el alcance institucional de la propuesta. “Este proyecto de ley cumple en otorgar al proceso de juicio político un marco normativo claro, previsible y constitucionalmente consistente, que lo consolide como un auténtico instrumento de equilibrio institucional y no como un factor de incertidumbre o erosión del orden constitucional”, concluyó.
“Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley”, expresó la diputada en los fundamentos de la iniciativa.