Ingresó en el Senado un proyecto de Ley por el que se busca establecer un régimen jurídico para ejercer acciones de recupero de los fondos invertidos por la provincia, en la atención de pacientes que no cuenten con cobertura social, víctimas de accidentes viales, en hospitales, centros asistenciales y efectores de salud del sector público provincial, contra aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, confirmó AIM.  

El texto, promovido por el senador Lucas Larrarte pasó a la comisión de Legislación general y salud pública, para su análisis.  Si la iniciativa prospera el ministerio de Salud podrá reclamar a las compañías aseguradoras el pago de la obligación legal por accidentes de tránsito u hechos que produzcan daño en personas como consecuencia de la circulación.

Precisamente, la inversión en salud que derive de gastos clínicos, quirúrgicos, de farmacia, insumos, honorarios médicos, prótesis, o cualquier otro costo ocasionados por la atención de los pacientes “serán abonadas de acuerdo al nomenclador que establezca el ministerio de Salud y de conformidad al sistema provincial de arancelamiento”.

En ese marco, la Fiscalía de Estado, en uso de sus atribuciones, podrá delegar en abogados del ministerio de Salud el reclamo judicial del recupero de la inversión en salud.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador argumentó que el proyecto “tiende a establecer un mecanismo para que la provincia pueda recuperar la inversión en salud que, a través de los hospitales públicos y los efectores de salud, el Estado entrerriano realiza en la atención a las víctimas de accidentes viales que no tienen cobertura social”.

“Si bien los hospitales públicos cuentan con un sistema de arancelamiento para recuperar la inversión en salud en la asistencia de aquellas personas que cuentan con cobertura social, no sucede lo mismo en aquellos casos de pacientes que no poseen ningún tipo de cobertura médica, pero que considerando la causa de sus lesiones, en orden a la normativa legal vigente, permiten exigir el pago a las compañías aseguradoras que amparan a los vehículos que están involucrados en el siniestro”, apuntó el abogado, quien agregó: “Por ello que creemos necesario crear un sistema que le permita al ministerio de Salud arbitrar los medios, extrajudiciales o judiciales, para la recuperación de lo invertido por la provincia, en la atención de aquellos pacientes de accidentes viales que no poseen obra social”.