La media sanción al proyecto de ley de fitosanitarios en Entre Ríos fue catalogada como “regresiva” por la abogada ambientalista de “Basta es Basta”, Aldana Sasia, quien afirmó a AIM: “Las distancias terminan siendo mucho menores porque las categorías tres y cuatro que es en las que está incluido el glifosato en la clasificación toxicológica se permite que se aplique en cercanía de casas y viviendas que antes no se permitía”.
La ley que tuvo media sanción en Diputados fue calificada desde Basta es Basta como “regresiva, porque más allá que parece ser innovadora porque tiene 24 distancias en relación a distintos sitios, en todo su articulado que es de difícil lectura para una persona que no está en la cuestión, reduce prácticamente a cero lo que son las distancias de la ley vigente que necesitaba su actualización”.
Sasia advirtió a esta Agencia: “Las distancias terminan siendo mucho menores porque las categorías tres y cuatro que es en las que está incluido el glifosato en la clasificación toxicológica se permite que se aplique en cercanía de casas y viviendas que antes no se permitía”.
“Esta ley se aprobó sin ningún contenido científico para esta reducción; esto lo decimos en función de haber estudiado por más de 20 años la temática y haber tenido precedentes jurisprudenciales como el caso de Rosso en Colonia Avellaneda, en los cuales se fija una distancia de mil metros como la menor distancia posible que debe haber entre un campo fumigado y una vivienda; esto se hizo en función a informes de expertos que se presentaron en la causa y en estudios que fijan que a distancias menores de mil metros se han encontrado un sinnúmero de patologías de afectación en poblaciones en las que se aplicaba”.
Dichas afectaciones, explicó Sasia, “tienen que ver con daño neurológico, problemas de fertilidad en hombres y diversas enfermedades que no tienen que ver con el cáncer. En agosto se publicó un estudio de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) con Conicet que da cuenta de la influencia que están teniendo los agrotóxicos en la reserva ovárica femenina”.
La abogada ecologista detalló en relación a la reducción de distancias que “se basa en las buenas prácticas agrícolas que son, supuestamente, tecnologías que se utilizan para llevar adelante una aplicación y ver hasta dónde llega la gota. Para saber el recorrido de la misma, una vez que sale de la máquina, utilizan distintos métodos de medición, entre ellos cintas hidrosensibles que se ponen continuas a los campos para ver la volatibilidad de la gota, a lo que nosotros cuestionamos por varias razones: porque no tiene rigor científico, porque esos ensayos se hacen con agua, porque el contenido de la gota y la volatibilidad de una gota de agua no tiene nada que ver con el contenido que proviene de un cóctel que muchas veces contiene más de un producto entre fertilizantes, coadyuvantes, impregnantes, que no es lo mismo que una gota de agua”.
Además de lo señalado, enfatizó: “Está comprobado que la deriva de esta gotita al momento de la aplicación puede volar, pero después hay un montón de situaciones que hacen que ese veneno que estaba en la planta termine circulando hacia otras zonas, porque hay un fenómeno que se llama evaporación inversa que se produce después de la aplicación y puede ser dada por la temperatura ambiente o un proceso diferente al que se dio en lo que hace a la meteorología del momento de la aplicación y que hace que esa gota termine evaporándose y pueda circular kilómetros, o aparezca después en una nube y caiga con gota de lluvia, por eso se encontraron tantos contaminantes en esta”.
Desde Basta es Basta “exigimos el máximo de responsabilidad a la hora de legislar sobre estos productos y sus aplicaciones. El diputado Rossi y el ingeniero Galperin hablan de que ellos se reunieron con médicos, no sabemos con quiénes; nosotros tenemos informes de médicos especialistas que publican en revistas científicas con referato internacional que dan cuenta de pruebas y ensayos en laboratorios que todos estos fenómenos que estamos denunciando y las consecuencias que tienen en la salud no son meras afirmaciones o simplemente rechazo por parte del ambientalismo, sino que una bomba química está presente en gran parte de nuestros recursos y no se está reconociendo a la hora de legislar”.
Señaló Sasia que la redacción de la ley “es un poco discriminatoria, porque distingue las casas en que hay residencia permanente de personas y en las que no, en los centros poblados de más de 250 habitantes y en los de menos, como si todos los ciudadanos no mereceríamos la misma protección”.
Por último, afirmó la abogada que “la ley tiene mucho fundamento en decreto 2239 que sanciona Bordet luego de los amparos de escuelas fumigadas, y el mismo tiene varios artículos que hablan de cómo agilizar el control a través de métodos georeferenciales, poniéndole chips a todas las maquinarias y haciendo un control a través de esos equipos informáticos cuando se está llevando a cabo una pulverización. Esto ya está vigente hace cinco años para todas las máquinas que apliquen y nunca se cumplió; pero a su vez, este registro y control satelital que se quiere hacer cuando se está realizando una aplicación, ¿cómo se puede llegar a controlar qué producto está aplicando, qué cantidad de productos tienen, qué coctel lleva esa máquina, qué tamaño tiene la gota?, todas esas referencias no puede ser determinadas a través de la información georeferencial que lo único que puede decir es si está respetando o no una distancia, también es imposible controlar a un productor que fumiga de noche, no le avisa a nadie y no le pone chip a su maquinaria, que es lo que está pasando en un montón de localidades pequeñas”.