Las provincias avanzan con una estrategia común para exigir fondos y mayor equidad en la distribución de recursos. En paralelo, la Casa Rosada fortalece sus armados locales, tensionando vínculos con sus aliados. Una disputa que gana volumen institucional y político.

Tras meses de creciente malestar por el recorte de fondos, la paralización de obras públicas, la caída de la coparticipación y la discrecionalidad en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los gobernadores decidieron escalar su reclamo y llevarlo al Congreso. La tensión entre las provincias y el gobierno nacional, que había logrado contenerse durante el primer tramo de la gestión libertaria, hoy vuelve a escena con un bloque de 24 mandatarios que busca recuperar recursos y autonomía financiera.

El punto de inflexión se verá esta semana en el Senado, donde legisladores dialoguistas y opositores intentarán sesionar para avanzar en proyectos que limitan la discrecionalidad del Ejecutivo en el uso de fondos clave como el impuesto a los combustibles y los ATN. La movida coincide con el vencimiento de las facultades delegadas al presidente, el próximo 8 de julio.

La ofensiva tiene antecedentes claros. El 6 de mayo, en una cumbre del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Paraná, se reunieron mandatarios de distintos signos políticos. Allí, incluso gobernadores alineados con el oficialismo, como Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, plantearon la necesidad de una reforma fiscal, con o sin aval nacional. Desde entonces, se consolidó un espacio de articulación federal que incluye a todo el arco político.

La estrategia provincial tuvo nuevos hitos: una reunión ampliada en el CFI el 3 de junio; un pedido formal de audiencia con el presidente –que derivó en un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos– y la presentación de un proyecto para modificar la distribución del impuesto a los combustibles. Las provincias denuncian que Nación no destina esos fondos a infraestructura vial, como establece la ley, sino que los retiene para sostener el superávit fiscal.

Pese a algunas señales de apertura, las respuestas del Ejecutivo no conformaron a los mandatarios. Así, el 23 de junio, volvieron a reunirse en el CFI, esta vez para recibir la negativa a su propuesta. El malestar se profundizó y se tradujo en la redacción de dos proyectos de ley que promueven la distribución automática del impuesto a los combustibles y los ATN, emulando el esquema de coparticipación federal. La intención es clara: blindar los recursos provinciales y evitar el manejo discrecional desde Balcarce 50.

“Estas medidas apuntan a fortalecer el federalismo y garantizar una distribución más equitativa de los recursos generados en todo el país”, expresaron los impulsores de la iniciativa, que cuenta con apoyos en bloques como Unión por la Patria, el radicalismo, el PRO y partidos provinciales.

La confrontación también se refleja en otros frentes. Ministros de Economía provinciales llevaron el reclamo al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, pero nuevamente chocaron con un muro. El Gobierno nacional propuso, en cambio, transferir rutas a las provincias, con el compromiso de que asuman el mantenimiento.

Mientras tanto, en paralelo al camino legislativo, se multiplican los gestos políticos. Gobernadores del Norte Grande y del Litoral se reunieron en Santiago del Estero para trabajar un proyecto que impulse una tarifa eléctrica diferencial para regiones cálidas. En Chubut, los mandatarios de la Patagonia celebraron avances en obras de infraestructura y también expresaron sus reclamos al Ejecutivo nacional.

La Casa Rosada, por su parte, busca contrarrestar la avanzada provincial con gestos hacia sus aliados. Este fin de semana, Javier Milei visitará Chaco, donde será recibido por Leandro Zdero, y luego participará del acto del 9 de Julio en Tucumán junto a Osvaldo Jaldo. La imagen del presidente junto a gobernadores aliados busca equilibrar el escenario ante una creciente presión institucional.

Algunos líderes provinciales intentan mantener el equilibrio y no cerrar del todo el diálogo con la Nación. Frigerio, Torres y Cornejo son ejemplo de esa actitud. Otros, como Valdés, ya fueron desplazados de los armados libertarios. En paralelo, mandatarios como Kicillof, Quintela, Ziliotto, Weretilneck y Jalil endurecen su discurso, convencidos de que su capital político crece al marcar distancia de las políticas del Ejecutivo nacional.

La tensión federal se traslada al Congreso. La sesión prevista en el Senado podría marcar un punto de inflexión en el vínculo Nación-provincias y condicionar seriamente el margen de maniobra del Gobierno en la antesala de un semestre clave para su agenda legislativa.