Organizaciones sociales, profesionales y transportistas realizaron un paro nacional para reclamar al Gobierno argentino que dé marcha atrás con el recorte presupuestario en los programas para atención de las personas con discapacidad. En Entre Ríos la comunidad se movilizó al ministerio de Salud para reclamar al Estado provincial que intervenga, registró AIM.

La jornada “fue para hacer visible la grave situación que atraviesan las instituciones que dependen del programa Incluir, que pertenece a la Agencia Nacional de Discapacidad, ya que el Gobierno nacional no envía los fondos”, contó a esta Agencia la vicedirectora de  la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), Miriam Verón.

En ese sentido, precisó que el recorte pone en riesgo las escuelas especiales, centros educativos terapéuticos, hogares de día, centro de rehabilitación, servicios de inclusión escolar: “Es grave la situación financiera que se vive ya que el programa adeuda el pago de seis meses; no hay aumento de aranceles, que compense el aumento de salarios y costo de vida; y faltan medicamentos e insumos”.

“Por ahora podemos garantizar la atención de nuestros concurrentes, pero si la situación, queremos seguir trabajando para garantizar derechos, pero a corto plazo si persiste esta situación no se resuelve entraremos en una situación de emergencia”, precisó Verón.

Ante ese escenario “se solicitó al Gobierno provincial que reclame a Nación la regularización de la situación y que, mientras tanto, otorgue un aporte para sostener las instituciones”, contó.

Otro problema es la situación del transporte escolar, que está en estado de emergencia ante la falta de pago y la inflación, contó a esta Agencia José  Columnat, quien precisó que “por ser particulares dependemos de los ingresos de las instituciones y las obras sociales y como no entran las partidas comenzamos a tener serias dificultades para mantener en pié el servicio”.