Organizaciones nucleadas en la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) reivindicaron la protesta social, ante las críticas de sectores corporativos y algunos partidarios frente la marcha del 1F.
En una carta abierta a la que accedió esta Agencia, desde Rodher rechazaron “contundentemente a quienes pretenden restringir el derecho a la libertad de expresión, esgrimiendo un pretenso poder impoluto e incuestionable: el Poder Judicial y su máximo órgano la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn)”.
En ese sentido, argumentaron: “?Que si entendemos que las bases del Estado Republicano y Democrático se sienta sobre la división de poderes y que cada poder - legislativo, ejecutivo y judicial - cumplen un rol determinado, legislando, administrando y ejerciendo la justicia respectivamente, de tal forma que cada uno de ellos mantenga una independencia el uno sobre el otro y que a su vez, ejerza un sistema de control – el poder limita al poder a decir de Montestquieu - es natural que como órganos de la democracia sean sometidos a su vez al mandato y la voluntad popular”.
Al respecto indicaron que “si toda sentencia es un acto de gobierno, es ejercicio de un poder del Estado, no puede menos que ser político, en el sentido...de ‘gobierno de la polis’” (Zaffaroni, Eugenio Rau?l; La palabra de los muertos, Ediar, 2011, p.18), por tanto, como acto de gobierno es susceptible de ser cuestionado, criticado y desde luego, sometido a la opinión y manifestación popular, como lo fue con la sentencia del 2X1 –Bignone-Muin?a- de la CSJN de 2017”.
“Entendemos que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de las sociedades democráticas y se encuentra protegida por un amplio abanico de derechos y libertades de orden constitucional y convencional y que el sistema interamericano y universal de Derechos Humanos garantizan tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre, como en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración de Derechos Humanos de ONU. El derecho a la protesta y a la manifestación está contemplado en nuestra carta magna como forma de libertad de expresión (art. 14 CN) y en varios tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y la libertad de reunión y asociación pacífica (art. 20)”, subrayaron.
En ese marco, aseguraron que “?de tal forma, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas —individuales y colectivas— de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales, políticos, de acceso a la justicia, de una justicia expedita, al derecho al juicio justo, con perspectiva de género, entre otros”.