La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, se refirió a las decisiones judiciales en el marco de la causa de disputa de propiedades de la familia Etchevehere en Santa Elena. “Las partes deben respetar la decisión de la Justicia y procurar que se arribe a un acuerdo en el seno familiar”, señaló.

“Desde un comienzo hemos situado este caso tal como lo hizo el juez, en un conflicto básicamente familiar que se pretendía presentar como una toma de tierras y que en realidad lo que hay es un fuerte debate en el seno de una familia, la madre y los hermanos contra Dolores Etchevehere; ese debate no saldado, esa puja judicial que todavía no ha terminado, es lo que motivaba y sigue motivando el conflicto”, indicó la ministra Rosario Romero.

En ese sentido, recordó que como gobierno “siempre dijimos que íbamos a ser respetuosos, esperar la decisión judicial y colaborar, como de hecho lo hicimos y lo seguimos haciendo con la Policía de Entre Ríos, poniéndonos a disposición del juez y de los fiscales”.

“Así hemos sostenido una presencia policial en la puerta de la estancia. Ello se debe precisamente a tratar de resguardar la seguridad de todas las partes”, indicó y dijo que “la sentencia judicial naturalmente no iba a satisfacer a las dos partes en pugna, pero lo que se debe hacer respetando el Estado de Derecho, es acatarla. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de interponer un recurso”.

Consultada sobre algunos audios que circularon en la convocatoria a la marcha de productores rurales a la estancia, Romero sostuvo que “infundían miedo”, y es por eso que “en el momento que los conocimos, en tanto resultaban despectivos respecto de la gente, segregacionistas, salimos a llamar a la serenidad, la razonabilidad, a situarse en el problema como un problema familiar y a la vista está que muchos lo comprendieron”.

“Esos audios fueron, entre otros hechos, los que motivaron la denuncia penal de parte de Dolores Etchevehere que hoy termina con una orden de restricción del juez de Garantías que está actuando, la cual que es fundamentalmente una orden de no agresión en modo alguno, a la hermana de los Etchevehere que está dentro del inmueble”, aseguró la ministra.

“La sensación que tengo es la siguiente: Si nos situamos en un Estado de Derecho y si pretendemos ser una República, tenemos que respetar las instituciones, lo que en este caso es decir la justicia. Acá hay una resolución del juez que rechaza ordenar un desalojo. Para el juez determinar un desalojo tenía que apreciar una semiplena prueba o por lo menos que surgiera la verosimilitud del derecho, no lo tuvo a su modo de entender. Lo argumentó en la resolución y la misma debe ser respetada, si bien es recurrible”, indicó.

En ese sentido la ministra Romero precisó que “el juez, en una parte de su resolución, el punto séptimo, les dice a las partes que no se trata más que de bienes materiales, que van a quedar en la tierra, los insta a ponerse de acuerdo y a dialogar, ese es el mensaje de la justicia”, señaló la ministra Romero.