El Ministerio de Salud, “se ve en la obligación de manifestar su desacuerdo por la actitud ilegítima adoptada por el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, “en donde fija aranceles profesionales con fuerza de Ley, con valores excesivos que afectan y repercuten negativamente en la salud odontológica de la población”.
En relación a la crisis producida con motivo del acto reglamentario dictado por el Colegio, Salud explica que la problemática que aqueja a la atención odontológica de toda la provincia “motivó distintas expresiones contraponiendo intereses y que tienen que ver con establecer aranceles mínimos para sus colegiados y la obra social, lo que impidió avanzar en la negociación de convenios”. En ese marco, el Ministerio “se expidió en consecuencia de modo contrario a lo que expone públicamente el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, por los efectos negativos que la medida conlleva”.
En tal sentido entonces, el pronunciamiento oficial señala que en efecto, “existe una actitud corporativa e incompetente por parte de dicha institución, contraria a lo dispuesto en la misma Ley de colegiación N.º 7468, cuyo artículo 15 establece categóricamente que, ‘el Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: (…) k) propiciar ante el poder ejecutivo la fijación de los aranceles mínimos para el ejercicio profesional…’; lo que implica que el Colegio, si quiere una regulación de honorarios profesionales, debe promover ante la autoridad competente en la materia (Poder Ejecutivo) la determinación reglamentaria de aranceles fijos o móviles para compensar la actividad profesional de los profesionales de la odontología, debidamente matriculados en la provincia. Lo que no puede es disponer en tal sentido como lo ha hecho en el caso, con efectos lesivos al sistema de la seguridad social y sanitario, público y privado”.
Para el Ministerio “el Colegio, se alzó como una vía de hecho, administrativa o acto inexistente; toda vez que se trataría de ‘una grosera o violación del orden jurídico’ que lesiona la juridicidad y el interés público y sanitario, conforme quedó exhibido en el dictamen del Fiscal de Estado de la provincia N.º 0440-22 del 22 de septiembre de 2022 dictado en el expediente N.º 2705576, en relación al Iosper y a sus afiliados”.
En tal sentido, el acto institucional dictado en tales condiciones, “no produciría ningún efecto legal, como si no hubiese existido nunca por su manifiesta ilegalidad en razón de la contradicción manifiesta con la norma de creación del mismo ente que lo dictó”.
Por otro lado, -sostiene el Ministerio de Salud- refuerza esta situación descripta en la Ley, lo dispuesto por la nueva constitución del 2008, en relación a la definición de las competencias de los Colegios de Profesionales de la Provincia, que dispuso de forma sobreviviente a la ley N.º 7.253, en el artículo 77 que: “El Estado reconoce y garantiza la plena vigencia de los Colegios y Consejos Profesionales, les confiere el gobierno sobre la matrícula, la defensa y promoción de sus intereses específicos, la facultad de dictar sus normas de ética e implementar métodos de resolución de conflictos de instancia voluntaria”; no quedando comprendida la materia que se arrogó el Colegio en materia de determinación de aranceles profesionales.
Salud reclama al Colegio que decline la decisión
En ese marco, Salud llamó “a la reflexión de la institución para que decline su actitud en pos de la normalización de dicho sector sanitaria que comprende a la salud de todos los entrerrianos”.
“Como sociedad, finaliza reflejando el Ministerio de Salud, hemos sobrellevado una terrible pandemia que nos ha dejado grandes lecciones. El sentir pensar y conocer a cada persona hizo que podamos consagrar el derecho humano, básico y constitucional que es garantizar la accesibilidad y equidad en salud”, se remarcó.
En salud “la agenda nunca se termina, sigue vigente por quienes están al frente de las instituciones, que las habitan personas de carne y hueso como son los profesionales que también además de la experticia y de su formación, portan derechos, valores y principios”, señalaron y agregaron que con ese rumbo confían “en que la fijación de prioridades seguramente estará allanada al bien común y no caer en debates estériles que no hacen más que afectar a los más necesitados”.